Galicia se arma legalmente para obligar a vacunar si fuera necesario
El PP aprobó ayer en solitario una reforma que prevé multas de hasta 600.000 euros
que es, según el virólogo, el dato que más debería preocupar a los expertos y a la población. «No importa si hay una cuarta ola o una quinta ola si es de personas que no mueren», incide.
Larga segunda ola
El doctor Gabriel Reina, microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra, cuenta que desde el laboratorio detectaron en enero un «incremento abrupto del número de positivos mucho más rápido de lo que podría pensar», ya que en la primera semana observaron cómo el porcentaje de positividad y la incidencia acumulada aumentaron de manera muy preocupante. En este sentido, Reina prefiere hablar de una «segunda ola y media, porque la segunda nunca llegó a resolverse, como sí ocurrió con la primera», asegura. La cifra más baja en cuanto a incidencia acumulada entre ambas fue de 188 el 10 de diciembre.
Lo que ha cambiado respecto al primer embiste del virus en España es la capacidad diagnóstica de laboratorios y hospitales. «En marzo identificábamos un 5 % de los casos reales, y ahora este porcentaje se sitúa en torno al 80 %, y eso al final nos puede dar una cifra de incidencia mucho más representativa», argumenta. Este experto también espera que la vacuna sirva para reducir el número de fallecidos por Covid-19, y aunque sus consecuencias a día de hoy no se aprecien, «si se produjera una nueva ola antes del verano sí que podría entonces tener efecto sobre la mortalidad».
Alas puertas del Parlamento de Galicia, decenas de negacionistas rechazaban ayer al grito de «la televisión es el virus» una realidad que ya se ha cobrado la vida de cerca de 70.000 personas en España, olvidando que aún son centenares los ingresados en las UCI de los hospitales de todo el país. Al mismo tiempo y dentro de la Cámara, los diputados gallegos votaban la reforma de Ley de Salud de 2008 a raíz de una modificación del texto planteada por el PPdeG para dotarse de instrumentos jurídicos ante una situación inédita que se dilata ya un año en el tiempo. La modificación salió adelante, aunque solo con el apoyo de los populares, que no lograron persuadir al resto de grupos con sus argumentos tras el debate definitivo.
En su defensa de la reforma, desde el PP expusieron que Galicia se hace así con «una herramienta legal y necesaria para gestionar mejor la pandemia», que abre la puerta a aplicar limitaciones en lo tocante a movilidad entre territorios, aislamientos forzosos, cuarentenas e incluso una vacunación obligatoria llegado el caso. Sin embargo, la oposición entiende que esta modificación solo da alas a los negacionistas porque «obligar a vacunar es el paso más firme para alentarlos», apuntó el socialista Julio Torrado. En la misma línea, desde el BNG afearon que «el problema no es que la gente no quiera vacunarse, es que no puede», en alusión a la lentitud con la que las autonomías están recibiendo los antídotos.
La inmunización forzosa se convirtió en centro de la polémica desde el inicio de la tramitación de la reforma, entre otras razones, porque Galicia es el primer territorio español que planteó armarse legalmente ante una situación como la actual. El reproche de quienes ayer votaron en contra se centra en el apartado que prevé «el sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización, con información, en todo caso, de los posibles riesgos relacionados con la adopción o no adopción de estas medidas».
La redacción no implica, matizaron fuentes del Gobierno gallego, que con la entrada en vigor de esta ley sea obligatorio vacunarse contra el Covid en Galicia, sino que aprueba el marco para que llegado el caso pueda hacerse. Así lo había indicado ya el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al expresar que este proyecto de ley «prevé la posibilidad de vacunas obligatorias, de esta contra el Covid o de cualquier otra, si así lo dictaminan las autoridades sanitarias». Es decir, «proporciona un amparo legal» inexistente hasta el momento.
Cien euros por mascarilla
«Lejos de ser una ley autoritaria, lo que hace es regular y poner límites a lo que puede hacer una administración durante una crisis sanitaria y garantizar una asistencia digna a los contagiados», aseveró ayer la diputada popular Encarna Amigo durante el debate previo a la votación ante las críticas de la oposición, que consideran que las modificaciones no están encaminadas a mejorar la sanidad pública gallega. Desde el PSdeG y el Bloque también criticaron el carácter «punitivo» de las reformas introducidas. Su argumento es que es «un grave error enfocar un problema de salud pública como un problema de orden público».
En el nuevo modelo de sanciones graduales por saltarse la legalidad y poner en riesgo la salud de la población se introducen multas de hasta 60.000 euros en el caso de incumplir confinamientos y un régimen de sanciones de hasta 600.000 euros en tres niveles —leve, grave y muy grave— para penar el rechazo a vacunarse o hacerse pruebas, pero solo en caso de que las autoridades sanitarias establezcan su obligatoriedad. La reformulación del texto también fija en un mínimo de 100 euros la multa por no llevar mascarilla, con la posibilidad de incremento.
Además, la modificación aprobada ayer introduce otras infracciones leves como hacer botellón, infringir los toques de queda, reunirse con más personas de las permitidas, participar en fiestas que incumplan las medidas sanitarias o incumplir los horarios fijados en el caso de los locales, los comercios o la hostelería. El objetivo, insistieron desde la bancada popular, es «garantizar el automatismo de la respuesta» y «reducir la incertidumbre».