Andalucía regresa al mercado tras cumplir las tres reglas de gasto
La Junta emitirá deuda por valor de 6.371 millones, la mayor cuantía de su historia
La Junta de Andalucía regresa a los mercados para buscar financiación por su cuenta, sin depender del Gobierno de Pedro Sánchez. El Consejo de Gobierno autorizó ayer operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de 6.371 millones de euros. De esa cantidad, el Gobierno andaluz espera captar algo menos de la mitad en los mercados financieros, 2.871 millones, a través de emisiones de deuda o de préstamos. Es la mayor salida a los mercados de la historia de la Junta, destacaron ayer desde la Consejería de
Hacienda. Lo anunció el vicepresidente andaluz, Juan Marín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno▶ «Andalucía recupera su autonomía financiera».
La perdió en el año 2018 porque había incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto en el ejercicio 2018, cuando la Junta todavía estaba en manos de la socialista Susana Díaz. Al año siguiente, el Ejecutivo regional dio la vuelta a los números rojos y Andalucía cumplió todas las reglas básicas dictadas desde el Ministerio. Fue, de hecho, la única comunidad de España que lo logró.
Este triple aprobado de 2019 le ha abierto de nuevo las puertas de los mercados. A preguntas de los periodistas, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, indicó que la cuantía final de las operaciones emitidas por importe de 6.371 millones «va a depender de las necesidades» que tenga la Administración. La Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que dirige Juan Bravo, prevé recabar en torno a 2.870 millones de euros.
Durante el pasado año, la Administración autonómica tuvo que resignarse a no obtener financiación complementaria con la que pagar los servicios que presta. En diciembre de 2019, el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, comunicó por carta al Ejecutivo andaluz del PP y Ciudadanos que debía realizar ajustes presupuestarios para enjugar el déficit de 2018, que se había desviado en 813 millones de euros del objetivo marcado por el Gobierno. En la práctica, supuso que la Junta no pudiera buscar financiación al margen del Estado.
La decisión de Hacienda provocó un duro cruce de reproches entre ambas administraciones. La Junta acusó al Ministerio de «intervenir» las cuentas de la comunidad por un problema heredado, ya que la actual ministra era la responsable de cuadrar la caja andaluza hasta mediados de 2018, cuando Sánchez la fichó para el Consejo de Ministros. Desde Hacienda negaron la intervención y esgrimieron que no era posible acceder a la vez a los mercados y al Fondo de Facilidad Financiera para las comunidades. Al final, la Junta recurrió al Fondo de Liquidez Autonómica, el llamado FLA, que la obligaba a someterse a un control más férreo del Estado.