La instructora pide a la Junta diez acuerdos sobre avales dados a la malograda empresa
La juez que instruye el caso Isofotón sigue subiendo peldaños en la Junta de Andalucía para determinar qué antiguos responsables tomaron parte en la concesión de ayudas por un montante de 80,5 millones de euros a la malograda empresa de placas solares. Mediante una providencia, la magistrada Patricia Fernández Franco solicita a la Consejería de la Presidencia «los expedientes de tramitación de los acuerdos adoptados sobre los incentivos, avales y préstamos concedidos a la empresa Isofotón» entre junio de 2007 y mayo de 2012, bajo la égida de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Atendiendo una petición cursada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada, la instructora extiende la investigación al año 2007 y requiere a la Junta una decena de acuerdos adoptados por las comisiones de viceconsejeros, los llamados consejillos, y los Consejos de Gobierno. La actual ministra portavoz, María Jesús Montero, participó como consejera al menos en tres de las sesiones del máximo órgano ejecutivo de la Junta que ratificaron avales concedidos por la agencia pública IDEA a la compañía de energía fotovoltaica por importe de 29 millones. Isofotón cerró en enero de 2014 tras cobrar 44,15 millones, más de la mitad de los 80,5 millones que llegó a concederle la Junta
Ministerio Público
La Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito en el Juzgado solicitando los diez expedientes
en forma de incentivos, avales y préstamos que nunca devolvió.
La onda expansiva del caso alcanza también al alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas. Como consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio,
La investigación, que estaba centrada en los 38 millones de euros concedidos entre 2010 y 2012, se extiende hasta el año 2007. La juez reclama los acuerdos del consejillo y de Consejo de Gobierno sobre un incentivo a fondo perdido por importe de 19,3 millones de euros que la Consejería de Innovación, dirigida por Francisco Vallejo, concedió al Grupo Bergé, antiguo dueño de la fábrica, para la modernización de sus instalaciones del Parque Tecnológico de Málaga. El mismo mes (junio de 2007) la agencia IDEA otorgó otra ayuda de 23,78 millones a una filial del grupo, Silicio Energía S.A., expedientes que, según la Policía Nacional, fueron ocultados por los gobiernos de Griñán y Susana Díaz.
Entre otros documentos, a instancias de los fiscales Anticorrupción María Nazaret Salguero y Fernando Soto, la juez solicita a la Junta el acuerdo adoptado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos el 3 de julio de 2012 en el que participaron, entre otros consejeros del PSOE e IU, María Jesús Montero y el ministro Luis Planas, que era consejero de Agricultura. Ambos participaron en el órgano que ratificó la concesión del crédito público de 8.395.854 euros a la firma solar.