La Fiscalía se querella contra Roger Torrent por desobediencia al Constitucional
El presidente del Parlament permitió votar resoluciones pese a ser advertido
La Fiscalía Superior de Cataluña presentó ayer una querella contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y otros tres miembros de la Mesa de la cámara catalana por desobedecer al Tribunal Constitucional. Según el Ministerio Público, tanto Torrent como Josep Costa (JpC), Eusebi Campdepadrós (JpC) y Adriana Delgado (ERC) habrían incurrido en un delito de desobediencia a la autoridad judicial al permitir la tramitación y votación de mociones vinculadas a la autodeterminación y para reprobar al Rey.
En su escrito, la Fiscalía pide a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que cite como investigados a Torrent y a sus compañeros independentistas en la Mesa en la pasada legislatura. Asimismo, afea al presidente de la cámara catalana y a los miembros de la Mesa que hiciesen caso omiso a lo ordenado y apercibido por el Tribunal Constitucional (TC) y permitiesen la tramitación y votación de las mociones a pesar de las las advertencias de «ilegalidad» realizadas por el secretario general del
Parlament y a la oposición del resto de miembros de la Mesa. En concreto, la querella de Fiscalía hace referencia a una moción de la CUP de octubre de 2019 que reclamaba la voluntad de ejercer de forma «concreta» la autodeterminación y a otra presentada el mismo mes por los los tres grupos independentistas de la cámara, JpC, ERC y CUP, que, según el texto de la misma, reiteraban la reprobación de la Monarquía «tantas veces como lo quieran los diputados y diputadas» del Parlament.
Con su escrito, los fiscales José Joaquín Pérez de Gregorio y Assumpta Pujol recuerdan que el 10 y el 16 de octubre de 2019, el TC entregó a Torrent y a los miembros de la Mesa sendas providencias en las que les notificaba personalmente «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera «ignorar o eludir» la suspensión de la resolución aprobada el 9 de noviembre 2015 por el Parlament sobre el inicio del proceso independentista. En la misma, el TC declaraba inconstitucional y nula la resolución que los partidos independentistas impulsaron tras las elecciones del 27 de septiembre de aquel año.
La respuesta de Torrent no se hizo esperar y, pese a saberse advertido desde todos los flancos posibles, defendió ayer que en el Parlament se debe poder «hablar de todo». «Por mucho que intenten censurar debates, no podrán esconder las prácticas corruptas de la Monarquía y que la autodeterminación es un derecho al que no renunciaremos», declaró.
Desde la oposición, el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, celebró que el «Estado de derecho funcione» y recordó que «no es posible que Torra, Torrent o Forcadell consideren que la ley se aplica como a ellos les da la gana», mientras que Eva Granados (PSC) aseguró que Torrent estaba avisado de lo que ocurriría. «Está pasando lo que dijimos que pasaría», subrayó.
Tercer grado de Forcadell
También ayer, la Fiscalía presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Cataluña de mantener el tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa.
Sostiene el Ministerio Público que existe un «evidente riesgo de fuga» por parte de las dos reclusas, por lo que pide que se revoque el régimen de ‘semilibertad’ mientras el tribunal decide sobre el fondo del recurso.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 también acordó mantener de momento el régimen de semilibertad para los siete líderes del ‘procés’ que cumplen condena en Lledoners, y la Fiscalía estudia ahora los recursos de apelación contra esta resolución del juez. autonómicos que resultaron heridos. Junto a Hasel, la Fiscalía acusa a otras diez personas como instigadoras de los altercados.
«Previo acuerdo con otras personas no identificadas, [los acusados] empujaron a las líneas policiales hacia el edificio, gritando e incitando al resto de los 3.000 manifestantes que al menos allí se encontraban a hacerlo», describe la acusación en un escrito que detalla también cómo «todos los acusados, con evidente intención de alterar la paz pública, acorralaron a los agentes por medio de patadas y empujones que propinaban ayudándose del anonimato».