Las expropiaciones de Baleares, sin precedentes en las democracias vecinas
∑En los países de nuestro entorno tan solo Francia tiene en vigor una medida similar, pero sometida a estrictos controles jurídicos
El Gobierno balear, liderado por la socialista Francina Armengol, firmó el pasado martes una resolución de «carácter pionero» para hacerse con 56 viviendas de grandes propietarios inscritas en el registro oficial. Su objetivo▶ destinarlas al alquiler social. Una medida que se apoya en la Ley de Vivienda 5/2018 que el Ejecutivo balear aprobó con el apoyo de sus socios de Podemos y el partido nacionalista Més.
Oposición y sector inmobiliario han condenado esta medida, entre otros motivos, por la inseguridad jurídica que crea. Y más, en una comunidad donde el capital foráneo lleva buena parte del peso de las inversiones inmobiliarias. Con esta nuevo movimiento, el Govern pondrá a disposición del parque público de alquiler, 27 viviendas en Mallorca, 23 en Menorca y seis en Ibiza que controlarán durante siete años. Los grandes tenedores percibirán por sus inmuebles hasta 230 euros menos de media al mes de lo que indica el índice de referencia de precios de la comunidad balear.
Además, de confirmarse estas ‘expropiaciones’, también crearán un precedente entre las democracias de nuestros vecinos europeos. El único país que tiene en vigor una legislación similar es Francia, pero siempre tras pasar por la vía judicial y justificando argumentos de peso.
Por su parte, en Alemania existe el debate en la región de Berlín, pero el 51% de sus ciudadanos se ha mostrado en contra de esta posibilidad; en Italia fue tildado de ‘locura’ y en Portugal, el Gobierno de António Costa –con el apoyo de socialistas y comunistas, en sintonía con el de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias– ni se plantea esta medida.
En Alemania, las últimas expropiaciones las llevó a cabo el Tercer Reich, a los judíos, y las potencias de ocupación, inmediatamente después de la II Guerra Mundial. La Ley Fundamental alemana establece en su artículo 14 el derecho de propiedad, que hasta ahora no ha sido discutido.
En Berlín, donde hace un año las autoridades locales legislaron un tope al precio del alquiler, existe actualmente un debate acerca de las expropiaciones a grandes tenedores que será seguramente tema de la próxima campaña electoral. La última encuesta, publicada por ‘Berliner Morgenpost’, señala que un 51% de los berlineses están en contra de las expropiaciones.
En Alemania, el derecho a la vivienda se garantiza con varios subsidios destinados a pagar alquileres, además de la vivienda social. Una reforma constitucional de 2006 traspasó la competencia de promoción de vivienda social a los bundesländer, para lo que fue habilitado un acuerdo financiero transitorio.
Berlín se comprometió a abonar entre 2007 y 2019 unos 500 millones de euros anuales a los estados federados para ayudarles con esta nueva tarea, financiación que se ha prolongado. La construcción de vivienda social, por otra parte, obliga a un precio tasado por un plazo de 20 años. Los propietarios, en su mayoría inversores privados, empresas municipales y comunidades de propietarios, tienen derecho después a alquilarlas a precios de mercado.
En Francia, los procedimientos de expropiación de bienes inmobiliarios están sometidos a controles jurídicos muy estrictos, como los alquileres de carácter social, que realizan desde finales del siglo XIX el Estado, los departamentos y las alcaldías.
Antes de poder expropiar, el Estado debe someter al poder judicial sus proyectos, que deberán respetar tres principios básicos▶ «Que el proyecto esté realmente justificado». «Que el proyecto no pueda evitarse». «Que el presumido atentado a la propiedad privada expropiada no sea desproporcionado con respecto al objetivo perseguido».
Según la legislación en vigor, la expropiación de terrenos o bienes inmobiliarios puede estar justificada por estos motivos▶ «Creación de viviendas sociales». «Creación de espacios verdes». «Creación de establecimientos hospitalarios o educativos». «Mejora del entorno urbano». En Francia, la construcción estatal y municipal de HLM (’Habitation à loyer modéré’, habitación de alquiler moderado), comenzó a finales del XIX y se generalizó a partir de los años 20 del siglo pasado. Al final de los primeros años 2000, 4,3 millones de familias francesas vivían en HLM de muy diversa naturaleza, de estatales, a departamentales o municipales.
El acceso a un HLM ha suscitado incontables polémicas desde hace décadas. Muchos políticos y personalidades se han beneficiado de alquileres muy moderados, gracias a sus amista
des políticas, de izquierda y derecha. En su inmensa mayoría, los alcaldes utilizan los HLM del parque inmobilario municipal con fines sociales, en principio, respetando normas muy estrictas, comenzando por los ingresos modestos o muy modestos de los beneficiarios. presentó un proyecto de ley para censar todos los inmuebles no utilizados y que se convirtieran en bienes públicos. Pero el proyecto de ley fue considerado una «locura» y se quedó en un cajón.
De haberse aprobado, si una casa estaba en mal estado o sin inquilinos, o un alcalde consideraba que un determinado inmueble había perdido su «función social», el propietario se arriesgaba a perderlo por la fuerza. Diversas organizaciones criticaron muy durante este proyecto porque «se daba a la autoridad pública la facultad de tomar posesión de propiedades privadas de forma totalmente discrecional y sin compensación alguna», una medida que no se ajustaba a los «principios constitucionales que no admiten la expropiación».
De cada cien viviendas en Portugal, 66 están ocupadas por sus propietarios, cuatro corresponden a los alquileres sociales y 28 pertenecen al régimen de alquiler privado. En cuanto a la vivienda social, constituye una materia que los ayuntamientos deben gestionar para facilitar el acceso al mercado por parte de los ciudadanos con menos recursos. En ningún momento ha ocurrido que el Gobierno socialista se pueda lanzar a realizar expropiaciones a los propietarios que más inmuebles acumulan, como es el caso en Baleares.
Nuestros dirigentes progresistas son, además, grandes innovadores sociales. Vean. En algunas zonas del país, por ejemplo ahora en Islas Baleares ha subido el precio de los alquileres hasta el punto de complicar el acceso a una vivienda digna a personas con rentas modestas. Enfrentados al problema de garantizar un derecho que está reconocido en la Constitución, podrían haber echado mano de manual. Uno de esos clásicos, que propone fomentar la oferta de un producto o servicio cuando su precio aumenta en exceso. En este caso, el manual propondría incentivar la construcción de viviendas, mediante la puesta a disposición de suelo edificable y de créditos, necesarios para afrontar una actividad que, por lo general, exige comprometer cantidades importantes. Si esta posibilidad parece escasamente progresista o, quizás incluso regresiva pues implica movilizar a empresarios que pretenden ganar dinero con ella, también se podría haber agilizado la construcción de viviendas públicas a precios de construcción y venta tasados.
El problema, difícil de solucionar para un progresista, es que ambas soluciones exigen tiempo y esfuerzo administrativo. Lo primero queda descartado porque tienen mucha prisa y lo segundo porque no son formas. Ellos han venido a salvarnos y desean hacerlo pronto y de manera radical, para que nos enteremos. Así que nada mejor que apartar los viejos manuales, innovar e inspirarse en ídolos como Robin de Locksley, que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. O en alguien más querido y cercano en el tiempo como el Comandante Hugo Chávez que disfrutaba como un niño al pasear por las calles de Caracas señalaba con el dedo todas aquellas propiedades que le parecían exageradas y sentenciaba «exprópiese, exprópiese».
Por supuesto que esa decisión implica violar otro derecho reconocido en el artículo 33 de la Constitución como es el respeto a la propiedad privada. Pero el vicepresidente Pablo Iglesias nos tiene enseñado que su función social queda por encima de cualquier otra consideración, así que tampoco supone un problema. ¿No? Hombre quizás los expropiados puedan aducir que hay alternativas menos cruentas para cumplir los fines buscados o recordar que los métodos chavistas han llevado a la ruina total a su país. Pero bueno, nada que pueda oponerse a la férrea voluntad de nuestros progresistas de hacer el bien a algunos..., con el dinero de otros.