Varios detenidos por un supuesto fraude de desmantelamiento de las plantas de Alcoa
La Policía registra sus instalaciones en La Coruña y Avilés y varios domicilios de supuestos testaferros
Agentes de la Policía Nacional entraban a las 8.45 horas de la mañana de ayer en las factorías de Alu Ibérica (antigua Alcoa) de La Coruña y Avilés. El operativo de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) realizaba también de forma paralela registros en domicilios y en un despacho de abogados. Los agentes buscaron durante unas ocho horas pruebas que acrediten que el actual propietario de los centros de producción, el grupo Riesgo, está desmantelando de forma fraudulenta las fábricas. La operación, que fue ordenada desde la Audiencia Nacional, se ha saldado por el momento con varios detenidos, supuestos testaferros, en Madrid y en Málaga, según informa Cruz Morcillo.
En 2019, Alcoa vendió a Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y La Coruña, después de un largo proceso tutelado por las administraciones que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrarlas. Sin embargo, pese a haberse comprometido a mantener el empleo durante dos años y a renovar los centros de producción de aluminio, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el grupo industrial Riesgo sin que haya trascendido el montante económico de la operación. Desde entonces, los trabajadores se encuentran prácticamente sin actividad y temen que en junio de 2021 vuelvan a asomarse al abismo de los despidos.
La denuncia que ha motivado los registros partió del sindicato Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), que representa al colectivo de mandos con cierto grado de responsabilidad. A finales de diciembre, la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, la admitió a trámite y ordenó a la Policía la «investigación integral respecto de las personas físicas y jurídicas» contra las que se dirigía la querella. Entre otras cuestiones, en el auto pedía incluso que se aclarase la «titularidad real» de las dos factorías Alu Ibérica LC SL y Alu Ibérica AVL SL, sus socios, órganos de administración y
Sindicatos «Las intenciones del grupo Riesgo▶ vender lo máximo y mandar la firma
a concurso»
representación, capital social, situación financiera, y cuantos elementos puedan resultar relevantes para determinar su posible solvencia».
Juan Antonio González, secretario general del sindicato CCP, explicó a ABC que sospechan que las verdaderas intenciones del grupo Riesgo pasan por desmantelar la fábrica, vender todo aquello que puedan y dejarla abocada al concurso de acreedores. «Las declaraciones en las que la empresa afirma tener un plan industrial son pura falacia y puro marketing», sostiene. «En el peor de los escenarios, la plantilla acabaría despedida cobrando unas indemnizaciones pírricas del Fogasa», lamenta el secretario general del sindicato. González dice que desde CCP han denunciado que «hay salidas de material que no están suficientemente documentadas». En los últimos meses, relata, a algunos cargos se les presionaba por parte de la empresa para que firmasen la venta de chatarra que teóricamente tendría que ser reciclada en la factoría para la obtención de aluminio. En la querella, CCP explica que las existencias por un valor cercano a los 10 millones desaparecieron ya en octubre de 2019 (en esa fecha aún era Parter el dueño de las fábricas).
Mientras la actividad productiva se reduce al mínimo. «Cuando la producción de La Coruña alcanzaba las 110.000 toneladas anuales, se ha pasado a solo 8.400 en el primer semestre», dice el sindicato en los fundamentos de derecho de la querella. Relata que el grupo Riesgo acumula impagos a sus proveedores y que la «situación de insolvencia es de millones de euros».