El PSOE impone a Podemos el veto al 8-M para cerrar en Semana Santa
∑La Moncloa frena los actos de la marcha central con el ‘síndrome de 2020’ y para impedir que le salpique una cuarta ola. El Día de la Mujer se resolverá en el juzgado
No puede celebrarse el 8 de marzo en la calle y cerrar al tiempo las autonomías en Semana Santa. Esta es la incongruencia que, esta vez, no ha querido cometer La Moncloa; el Gobierno ha decidido que el criterio de Sanidad impere sobre otras consideraciones e ideologías. No fue casualidad que ayer la Comisión de Salud Pública refrendase limitar la movilidad el próximo periodo festivo, contando con el plácet de las comunidades, y al tiempo la Delegación del Gobierno en Madrid compareciera públicamente para retractarse en su decisión de permitir las marchas que los próximos días 6, 7 y 8 de marzo celebrasen el Día de la Mujer con respeto a las normas de seguridad. Pero si el 8-M de 2020 se recordará por la imprudencia de celebrarlo en plena primera bocanada letal del virus, este de 2021 lo hará porque serán la Justicia (el Tribunal Superior de Justicia de Madrid) la que acabe resolviendo si se puede o no reunir el feminismo en varios puntos del centro de la capital.
Que Sanidad mantenía un vívido pulso con Igualdad lo había dejado más que claro la titular del ramo, Carolina Darias, que al final se ha impuesto –con la aquiescencia del presidente, Pedro Sánchez– a la facción de Unidas Podemos, que sí alentaba a las mujeres a marchar el próximo lunes por su Día Internacional. Darias remarcó que «no ha lugar» al 8-M justo cuando se pedía ser más contundente en Semana Santa a las comunidades, incluso a aquellas que, como Madrid, estaban (y están) dispuestas a abrirse a la movilidad entre regiones en el periodo festivo.
El Gobierno rebajó las ínfulas de Podemos y marcó que, frente a la Navidad y el componente emocional que tenía celebrar el fin de año con los seres queridos, en esta ocasión no se repetiría el ambiguo mensaje y se cerraría. Fuentes socialistas consultadas por ABC indican que no podían permitir verse salpicados por las consecuencias de una cuarta ola, aunque fuera más tibia en longitud y virulencia que el resto, con la confluencia de varias mutaciones del coronavirus en territorio nacional y siempre con el ‘síndrome del 8-M’ anterior –el de 2020 convertido en un superfoco de contagio–, metido en vena.
Sanidad apercibió a Igualdad y la ministra del ramo, Irene Montero, pese a los vaivenes en su discurso, acabó accediendo a que el grito de «volver a tomar las calles» –que había dado su secretaria de Estado de Igualdad y mano derecha, Noelia Vera, el pasado 23 de febrero– se quedase en un eslogan descafeinado. El pasado domingo, en una entrevista, Montero se amilanó y admitió que iba a cumplir las normas sanitarias, lo cual no minaba las reivindicaciones del feminismo.
El pasado miércoles, en otra entrevista en TVE, la ministra de la formación morada lo corroboró▶ el «no ha lugar» mandaba y aunque se cumpliesen todas las normas de seguridad, ella, como representante de un Gobierno que había tomado una decisión unánime, no participaría en las marchas, pero sí invitaba a celebrarlo. Aun así, Pedro Sánchez hará un guiño a Montero el próximo lunes y asistirá por primera vez a los actos institucionales del 8-M en el Ministerio de Igualdad.
Igualdad y sus dirigentes han jaleado desde distintos púlpitos (incluido el Congreso) que las mujeres marchen el 8 de marzo. Incluso ayer, en un acto sin
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Carolina Darias
MINISTRA DE SANIDAD
«No ha lugar a la celebración del 8-M. La situación epidemiológica no lo permitiría»
dical dentro del programa de actividades organizado para este 2021 (que lleva por lema ‘Por ser mujeres’), Montero criticó que prohibir las concentraciones es un «claro señalamiento al feminismo».
«Estaremos en las calles»
«Es un ataque a la mujer, a su realidad y a sus demandas» es una interpretación que ayer lanzaron diversas organizaciones y plataformas feministas al ver torpedeado un derecho que se ha permitido en otros colectivos y protestas. Ana García, portavoz del sindicato de Estudiantes Libres y Combativas, lamentaba la ideología «sectaria» que veta a miles de mujeres a lanzar su grito común el lunes. Las estudiantes, como el resto de 350 entidades del Movimiento Feminista de Madrid, se concentrarán de todas formas el lunes y desafiarán la prohibición gubernamental. Se enfrentan a multas de 100 a 600 euros en caso de infracciones leves; y si perturban la seguridad ciudadana, de 601 a 30.000 euros. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, mantiene que se atentaría contra la salud pública. Desde la Delegación aseguran que han rechazado un centenar de actos, entre ellos el acto central de la Comisión Feminista 8-M, que iba a congregar a 10.000 personas por el centro de Madrid, durante más de dos horas, para finalizar en la plaza de Colón.
La respuesta desde los sindicatos como el de las estudiantes y UGT es recurrir la decisión del Gobierno. Acusaron a Franco de hacer honor a su apellido y «comportarse de manera dictatorial». Y el movimiento convocante de las manifestaciones, agrupado en la Comisión 8-M, denunció la prohibición. «Es un derecho democrático. Salimos durante los meses duros de confinamiento a cuidar de nuestras vecinas, a trabajar y consumir, pero quieren prohibirnos salir a protestar. El movimiento feminista estará el 8 de marzo», anunció.
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Fernando Simón
DTOR. CCAES, PVOZ. DE LA PANDEMIA
«No es lo mismo estar bajo un paso de Semana Santa transportado por muchas personas, que en una manifestación de 500»