En el proceso
¿Quién no conoce a George Floyd? El mundo vio cómo un policía le hincaba la rodilla contra su cuello durante nueve minutos interminables. Lo grabaron en sus móviles quienes pasaban por la calle de Mineápolis en la que Floyd fue detenido el 25 de mayo del año pasado. En el vídeo –que voló en la prensa y en redes sociales– se veía al hombre negro repitiendo que no podía respirar antes de desvanecerse. ¿Alguien no lo vio? El horror de su muerte convirtió el nombre de George Floyd en la bandera de un movimiento. Se coreó en las miles de protestas contra el racismo y los abusos policiales a la minoría negra que tomaron EE.UU. y, en un movimiento hasta ahora desconocido, el resto del mundo, de Londres a Brisbane. Su rostro cubrió murales y pósters en las ciudades de todo el país y activó una oleada de exigencias de ataque –y, como reacción, de defensa– a los cuerpos de policía.
Hoy comienza el juicio sobre esa muerte y el primer desafío será encontrar doce personas que no hayan sido afectadas por la conversión de Floyd en un símbolo. En los juzgados de Mineápolis empezarán a desfilar decenas de candidatos para formar el jurado que decidirá la suerte de Derek Chauvin, el policía que asfixió a Floyd. Abogados y fiscales se pelearán para encontrar ciudadanos que, en su opinión, sean al menos imparciales. Porque encontrar a doce personas en Mineápolis que desconozcan el caso parece imposible. En la principal ciudad de Minnesota hay una plaza dedicada a Floyd, en el lugar en que murió, y su muerte sumió a la ciudad en el caos y la violencia durante días.
Chauvin, de 44 años, fue acusado el pasado mayo de homicidio en segundo grado –es decir, producto de una negligencia– y en tercer grado –no intencionado–. Los abogados de la familia de Floyd buscaban que la acusación
Detonante
Al sexto día del homicidio, ya
había manifestaciones en 75 ciudades del país, algunas de
ellas violentas
ntre el 26 de noviembre de 2020 y el 12 de febrero de 2021, en tres ocasiones el Gobierno cubano apagó internet o bloqueó deliberadamente el acceso a páginas. La primera vez fue durante los minutos que duró el violento desalojo por parte de la Seguridad del Estado de los huelguistas acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro; la segunda, cuando golpearon y detuvieron a una veintena de manifestantes frente al Ministerio de Cultura. Para la tercera vez, todos se preguntaban dónde estaría ocurriendo la protesta, pero luego el Gobierno informó que este corte del servicio se debía a reparaciones.
Según el último informe de Access Now, una ONG que monitoriza la violación de derechos digitales, en 2020 las autoridades de 29 países cortaron o interfirieron el servicio de internet. Entre los países afectados, Cuba ocupa un lugar significativo, ya que el Gobierno hizo uso de ese mecanismo de censura con el objetivo de limitar la libertad de expresión, de acceso a la información y de asociación, o encubrir abusos contra los derechos humanos.
«Cuba presenta un caso interesante porque el país recientemente liberalizó el acceso a internet móvil (…) El cierre en 2020 muestra que si bien mejorar la conectividad puede conducir a un mejor discurso cívico, también se puede utilizar para organizar la desobediencia civil, lo que a su vez, puede provocar una respuesta del Gobierno», señala el informe.
EUn fenómeno reciente
Internet llegó a los móviles cubanos en diciembre de 2018. Antes de eso, el acceso a la red de redes estuvo disponible a partir de 2015, y solo a través de puntos wifi instalados en parques o plazas públicas. Actualmente, pese a ser excesivamente caro e inestable el servicio, 4,2 de los 11,2 millones de habitantes se conectan con su teléfono. Este acceso ha posibilitado una mayor proliferación de medios independientes, de acceso a la información vedada por el régimen, el aumento y difusión de iniciativas de la sociedad civil independiente y la participación ciudadana.
En poco tiempo, las redes sociales se han convertido en un motivo de preocupación para las autoridades cubanas, lo que dio lugar, en julio de 2019, al Decreto-Ley 370 Sobre la informatización de la sociedad en Cuba, que tiene como objeto penalizar la difusión «a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas». En la práctica, trata de perseguir todos aquellos contenidos que denuncien la realidad cubana o los excesos del Gobierno.
Marcha atrás Aunque el acceso a internet en el móvil
es reciente, el régimen parece estar dando marcha atrás
Entre enero y septiembre de 2020, treinta periodistas independientes, activistas pro derechos humanos y disidentes fueron multados con 3.000 pesos (125 dólares), o les fue confiscados sus teléfonos móviles como consecuencia de este decreto-ley.
Pero ha habido casos en los que el castigo ha sido peor, como el de Yoennis Domínguez de la Rosa, que el pasado 3 de marzo fue condenado a cinco años de privación de libertad en Santiago de Cuba por difundir en redes sociales un vídeo del enfrentamiento entre militares y ciudadanos tras la violación de una niña de ocho años.
Para el periodista de ‘Diario de Cuba’ Yoe Suárez, internet nunca había poseído la fuerza que tiene hoy▶ «Ahí hay un ejercicio de ciudadanía, de democracia y están tratando de controlar esas voces que son críticas con el estado de cosas en Cuba».
También las redes sociales han posibilitado la convocatoria de protestas