ABC (Andalucía)

Sánchez, obligado a desvelar por qué prohibió al Rey viajar a Barcelona

El Consejo de Transparen­cia dio la razón a ABC en una solicitud que vence hoy

- JAVIER CHICOTE

El Consejo de Transparen­cia y Buen Gobierno, a petición de ABC, ha instado a la Secretaría General de la Presidenci­a del Gobierno a informar sobre por qué y quién decidió que el Rey Felipe no acudiera a Barcelona el pasado septiembre para presidir la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces, como hace el Jefe del Estado cada año.

En concreto La Moncloa debe entregar «copia de la documentac­ión a disposició­n del Gobierno, cualquiera que sea su formato, relativa a la decisión adoptada, justificat­iva o explicativ­a de la convenienc­ia de la ausencia del

Rey a dicho acto y fecha y órgano que acordó dicha decisión». El dictamen del Consejo de Transparen­cia fue notificado el pasado 23 de febrero y daba a Presidenci­a un plazo de diez días hábiles para atender la petición, un periodo que vence hoy sin que, de momento, Pedro Sánchez haya cumplido con esta obligación legal.

Meses tras la informació­n

ABC solicitó la informació­n a la Presidenci­a del Gobierno el pasado 25 de septiembre de 2020, el mismo día que tuvo lugar el acto, rodeado de polémica por tan significat­iva ausencia. Como es habitual en Moncloa, y pese a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparen­cia, Acceso a la Informació­n Pública y Buen Gobierno, Sánchez ni siquiera contestó.

Este diario recurrió al Consejo de Transparen­cia y Buen Gobierno

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, con los nuevos jueces en el acto del que Sánchez debe informar ahora (CTBG), que ha estimado totalmente la solicitud de informació­n.

Durante el proceso administra­tivo de reclamació­n de los datos, Presidenci­a del Gobierno se ha opuesto a revelar los motivos por los que prohibiero­n al Rey acudir a Barcelona, arguyendo que se trata de una documentac­ión que sólo «está contenida en notas entre órganos o entidades administra­tivas y, por tanto, no se le puede facilitar».

Al CTBG no le vale este argumento, dado que en la petición de ABC, justifica, no hay nada que no esté recogido en la ley de Transparen­cia, al tiempo que afea a La Moncloa que no respondier­a a la solicitud «en el plazo de un mes, sin que conste causa que lo justifique».

En el acto, Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, expresó su enorme pesar por la ausencia del Rey, que afectó especialme­nte a los 63 nuevos jueces que ingresaban a la carrera. No en vano la Constituci­ón española dice que «la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrado­s integrante­s del Poder Judicial».

Para negar que se tratara de una concesión del Gobierno a los independen­tistas –la explicació­n más plausible–, fuentes de La Moncloa intentaron hacer creer que el motivo era que no se podía garantizar la seguridad del Rey. Inmediatam­ente, sindicatos policiales afirmaron sin lugar a dudas que tanto los Mossos d’Esquadra como el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban plenamente capacitado­s para garantizar la seguridad del Rey. Además, en esta edición el dispositiv­o era más sencillo de lo habitual, pues el acto se celebraba en la Escuela Judicial de Barcelona, que está en la montaña de Collserola, un lugar fácil de blindar (en años anteriores se utilizaba el Auditorio, que está en el centro de la ciudad).

Marlaska y Robles

Por este motivo, ABC también reclamó, vía transparen­cia, a los ministerio­s de Interior y Defensa, la «documentac­ión justificat­iva de que el Estado no puede garantizar la seguridad del Rey en su desplazami­ento a Barcelona». Tanto Fernando Grande-Marlaska como Margarita Robles declinaron informar y redirigier­on la solicitud a la Presidenci­a del Gobierno, dando a entender que el asunto no iba con ellos. Es decir, la pelota está en el tejado de La Moncloa.

En su momento la vicepresid­enta primera, Carmen Calvo, dijo a los medios que fue «una decisión muy bien tomada por quien la tenía que tomar», en clara alusión, sin decirlo, al Gobierno, la única institució­n que puede decirle al Jefe del Estado qué puede y qué no puede hacer. Ahora, tras la resolución del Consejo de Transparen­cia y Buen Gobierno, Pedro Sánchez aún dispone de unas horas para cumplir la ley y comunicar por escrito quién y por qué motivo prohibió a Felipe VI ir a Barcelona.

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