El nuevo pulso entre Iglesias y Calviño mantiene en la UCI a un millón de empresas

∑La diferencia de criterios deja en el aire la aprobación de ayudas que Sánchez anunció hace dos semanas ∑Podemos exige 8.000 millones en ayudas directas para todos los sectores pero el ala socialista teme que los fondos acaben en empresas zombis

El nuevo pulso en el seno del Gobierno de coalición mantiene en el aire la aprobación, inicialmente prevista para hoy, del nuevo paquete de ayudas de 11.000 millones que el presidente del Gobierno anunció el día 24 en el Congreso y del que nada concreto se sabe hasta la fecha. El ‘plan fantasma’ de los 11.000 millones ha vuelto a abrir una nueva guerrilla entre los miembros del gabinete, una más a sumar en la montaña de discrepancias que separan a los dos facciones del mismo Ejecutivo. La historia se repite. Los ministros del PSOE y Moncloa se sitúan en un bando mientras los representantes de Unidas Podemos en el contrario. Y de fondo, como foco del conflicto, el porcentaje de ayudas directas que se dedican del monto total anunciado por el presidente.

El debate ha escalado de las tradicionales disputas entre los ministerios económicos y participan ya de la discusión tanto el gabinete del presidente del Gobierno como la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo. No obstante, pilota las conversaciones el ministerio de Economía y, por parte de Unidas Podemos, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que, según fuentes de su entorno, este fin de semana propuso al Ministerio de Economía que de los 11.000 millones del fondo un total de 8.000 fueran en ayudas directas, punto al que no accedió Calviño.

El plan mantiene en tensión a las dos partes del Ejecutivo. Está prácticamente ultimado por Economía, pero la posibilidad de que vaya hoy a Consejo de Ministros y sea aprobado es una incógnita. Ahora hay dos opciones sobre la mesa. La primera, que el Gobierno pueda darse una semana más de plazo si las posiciones no se acercan. Y la segunda, que Sánchez se pronuncie y decida decantarse por el plan de su vicepresidenta económica o dar aire a su socio de coalición. No es la primera vez que esto ocurre, ya pasó con el salario mínimo y, en contra del criterio de Podemos, el jefe del Ejecutivo pospuso el alza hasta que lleguen mejores tiempos o hasta que el momento para aplicar el alza le venga bien. O, con el Ingreso Mínimo, cuando venció Iglesias.

Situación límite

El debate no es menor, pues se desarrolla en un momento en que en torno a un millón de empresas se encuentran en una situación límite. De hecho, las cifras del Consejo General del Poder Judicial arrojan que en 2020 se registraron 13.741 concursos de acreedores, lo que supone un incremento del 14,2%, pese a estar vigente la moratoria concursal impulsada por el Gobierno y que elimina su obligación de presentación.

En ese casi millón de empresas estarían los cerca de 600.000 autónomos que están parados y cobrando el cese extraordinario de actividad y en torno a 250.000 empresas que tienen su plantilla en ERTE, hoy en torno a 900.000. Recuerda Lorenzo Amor, presidente de ATA, que las empresas que están cobrando el paro de los autónomos han tenido una caída del 50% en sus ingresos y que las que mantienen a sus trabajadores bajo el paraguas de las extinciones no están muy holgadas de liquidez.

Por ello asegura que «el Gobierno debería asumir su responsabilidad y, como han hecho otros ejecutivos europeos, compensar a las empresas a las que se ha obligado a restringir su actividad». Para el también vicepresidente de la CEOE «el plan de ayudas que prepara el Gobierno debería destinar, como mínimo 6.000 millones en transferencias directas que faciliten la liquidez. Esta es la única opción para salvar actividades y empleos», asegura. La situación es extrema, teniendo en cuenta que el Covid ya se ha llevado por delante más de 100.000 empresas, el paro ha superado los cuatro millones y se han quedado por el camino 400.000 empleos.

Transferencias sin filtros

En el entorno de Podemos se pelea por ampliar el montante de ayudas a fondo perdido que contemple el programa, mientras desde el ala socialista se pide mesura pues se considera que puede ser ‘improductivo’ dar fondos públicos a empresas zombis. Desde Moncloa, Hacienda y Economía quieren controlar el destino de los fondos y se propone instrumentar algún tipo de condicionante que obligue al pago de, por ejemplo, los gastos fijos de las empresas, dado que se considera que el mantenimiento de la plantilla ya se está asumiendo con los ERTE. Lo que se rechaza es hacer ‘una transferencia sin condiciones ni filtros’.

En concreto, desde la formación morada defienden que las ayudas no se den por sectores, sino que sean accesibles a todas las empresas que hayan sufrido una caída drástica, de entre el 30% y el 40% de su facturación en 2020. Y

Mantenimiento del empleo

La formación morada defiende ayudas ligadas a mantener la práctica totalidad del empleo y que cubran hasta el 80% de sus costes fijos

Costes fijos

Economía y Hacienda están de acuerdo en la cobertura de los costes fijos y apoyarían el «rescate» empresarial con instrumentos financieros