El PP afea a Sánchez su «vaguedad» y pide 12.500 millones para la hostelería
Insta al Gobierno a mantener abierto el grifo de ayudas durante todo 2021
que cubran hasta un 80% de sus costes fijos. La cobertura de los costes fijos es, por tanto, uno de los puntos de concordancia con el Ministerio de Economía, que también verían con buenos ojos este extremo.
La tensión en el mundo empresarial sobre este paquete de ayudas es máxima. Todas las organizaciones empresariales sin excepción y las empresas más afectadas por la pandemia han reclamado en numerosas ocasiones que las ayudas sean a fondo perdido y no de carácter financiero, como han hecho la mayor parte de las economías europeas. Al igual que la banca, que ha rechazado la posibilidad de aprobar quitas a los préstamos ICO. Sin embargo, la ministra Calviño ha situado el sobreendeudamiento de algunas compañías en el centro del problema, lo que hace pensar que los instrumentos puedan ser de carácter financiero.
Unidas Podemos, sin embargo, se ha alineado con las tesis empresariales y defiende que este sobreendeudamiento es consecuencia de la caída de los ingresos y además se considera que sería mejor posponer el proceso de reestructuración hasta que la recuperación esté ya asentada. Además se critica desde la formación morada que las quitas en los ICO solo vaya a beneficiar a aquellas empresas que optaron por endeudarse con estos créditos y no a las que han soportado estos meses de crisis con sus ahorros, extremo en el que también ha incidido la organización que dirige Antonio Garamendi.
Las diferencias llegan en la condicionalidad que la formación de Pablo Iglesias busca establecer a estas ayudas y que reside en el mantenimiento del empleo. Fuentes cercanas apuntan a que defienden imponer el compromiso de mantener entre el 70% y el 80% de la plantilla en 2021 y 2022.
Otro punto de conflicto está siendo si las ayudas se canalizan desde el Estado o desde las comunidades autónomas. Mientras desde Unidas Podemos se defiende que la manera más eficaz de ejecutarlas sería el Ministerio de Economía, o la Agencia Tributaria, desde el departamento de Calviño se ha señalado en diversas ocasiones a las autonomías, pues ya han puesto en marcha sus propios programas y, además, se considera están más cercanas a los problemas de las empresas de sus territorios.
Como ya informó ABC, las comunidades autónomas han puesto en marcha ya planes de ayudas directas para tratar de salvar sus economías. Más de 3.000 millones han dedicado las regiones a rescatar a sus negocios, cantidades que se han dirigido, en la mayoría de los casos, al sector servicios, que es uno de los más afectados por la crisis sanitaria.
El pasado 24 de febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba en el Congreso un plan de 11.000 millones «para empresas, para pymes y para trabajadores autónomos en sectores como el sector turístico, la hostelería, la restauración o el pequeño comercio, entre otros». Desde entonces, nada se ha concretado al respecto, ni desde Moncloa, ni desde el Ministerio de Economía o Hacienda, más allá de las pugnas que vienen siendo habituales en el seno de la coalición.
Una situación que han denunciado los populares en el Congreso de los Diputados a través de una proposición no de ley en la que critican la «vaguedad» del presidente en un anuncio de una medida de tanto calado y en la que, además, reclaman que se formalicen 50.000 millones en ayudas y que se mantengan activas y disponibles durante todo 2021. «Hay que superar una inmediata superación de los graves daños coyunturales ocasionados a la hostelería española, esencial y clave al propio tiempo para lograr una recuperación competitiva», reza el texto registrado.
La iniciativa, firmada por la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, y los diputados Agustín Almodóvar e Isabel Borrego, busca testar al Congreso para exigir una «definición exhaustiva y con carácter urgente» de un plan de ayudas directas con el que compensar a las empresas por las restricciones impuestas para contener la crisis sanitaria. Un instrumento que debe ser «ágil y eficiente» y estar listo en el plazo de «un mes» para evitar el cierre de miles de empresas.
Esperando la recuperación
√ Lorenzo Amor «El Gobierno debe
asumir su responsabilidad y compensar a las empresas a las que ha obligado a restringir actividad»
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