La Moncloa no cuestiona el apoyo de Iglesias a Puigdemont
∑Los socialistas remarcan su diferencia con Podemos, pero evitan elevar la discrepancia al ámbito del Ejecutivo ∑Llarena insta a la Justicia europea a fijar el alcance de la euroorden tras constatar que Bélgica se extralimita
Todos los socios de Pedro Sánchez en su investidura y en los últimos Presupuestos, así como parte de su Gobierno, votaron ayer en contra del suplicatorio del Tribunal Supremo. El Parlamento
Europeo, pese a ello, aprobó levantar la inmunidad de Carles Puigdemont,
Toni Comín y Clara Ponsatí en una votación que se saldó con 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones en el caso del expresidente. Con una ligera variación en la votación para el caso de los dos exconsejeros del Govern.
Puigdemont pierde uno de sus últimos refugios en su huida hacia adelante. Pero su futuro vuelve a quedar en manos de la Justicia belga, que hasta la fecha no se ha mostrado muy receptiva a las solicitudes de entrega del
Tribunal Supremo. Pocas horas después de conocerse la decisión de la Eurocámara, el instructor de la causa del
‘procés’, Pablo Llarena, planteaba una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre el alcance de la euroorden y las razones para su denegación. El detonante fue el rechazo de las autoridades belgas en enero a la entrega de Lluís Puig, una decisión en la que se cuestionó hasta la competencia del Supremo para juzgarle. Con las respuestas del TJUE, el magistrado decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto
mutua¿ al propio Puig, Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí y también
Marta Rovira, procesados en rebeldía Que puede ser reclamado y por delitos de sedición, malversación entregado a la Justicia española en de caudales públicos o desobediencia. las mismas condiciones que cualquier otro huido de la Justicia, sin que pueda acogerse ya a ningún Como informó ABC, Llarena tiene dudas privilegio como europarlamentario. de que la decisión de las autoridades belgas de denegar la entrega de Puig sea compatible con el derecho de la
Unión, basado en la confianza No, de hecho antes de que entre los países miembros, por lo que Puigdemont concurriera a las plantea siete preguntas al TJUE, entre ellas, hasta qué punto el órgano de ejecución
Equilibrismo socialista
belga tiene la facultad, conforme al derecho de la Unión, de controlar la competencia del órgano de emisión, en este caso el Alto Tribunal.
En paralelo, la decisión provocó un pulso político con epicentro en la coalición de Gobierno, nuevamente fracturada. Los socialistas discrepan de la posición de sus socios. Nuevamente se han encontrado votando, como es habitual en Europa, junto al PP y Ciudadanos. En esta ocasión también con Vox. Existe malestar con la posición de Podemos, coincidente con todas las fuerzas eurófobas del continente, pero lo cierto es que en el Gobierno consideraban «previsible» la posición de los de Pablo Iglesias. Por eso ayer se quiso dejar clara la discrepancia, pero aislarla de la convivencia en la coalición. «Ninguna novedad, pero su diagnóstico está viciado en este punto», dicen fuentes del Gobierno.
La posición de los socios de coalición no gusta en el resto del Ejecutivo, pero desde La Moncloa se evitó cuestionar a Podemos por este hecho, pese a dejar clara la divergencia de criterio. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, trasladó como mensaje oficial la «satisfacción» con el resultado de la votación porque significa que «se va a atender la petición de uno de los poderes del Estado».
Diferencia controlada
El PSOE critica a Podemos pero el Gobierno defiende su autonomía para votar distinto
Discrepancias «normales»
Montero rechazó que tengan que pedirle explicaciones a Iglesias por el sentido del voto de sus eurodiputados. Aseguró que la cuestión no se ha abordado en el Consejo de Ministros ni tampoco de modo informal, y remitió la demanda de explicaciones «al entorno del Parlamento Europeo». Explica
A la espera del TJUE
De la respuesta del TJUE a Llarena dependerá en gran medida el futuro de la euroorden de Puigdemont
en el ordenamiento jurídico de ese país. En este sentido el juez Llarena ha puesto ahora la pelota en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre el alcance de la euroorden tras considerar que Bélgica se ha extralimitado en el caso de Lluís Puig.
El movimiento del juez tiene una implicación mayor que el caso concreto, pues obligará al Tribunal de Luxemburgo a pronunciarse sobre la actuación de Bélgica, que a su vez no puede decidir sobre Puigdemont hasta que el TJUE no aclare la consulta de Llarena.
No, la orden de detención nacional está activa, por lo que sería arrestado en suelo español para ser juzgado. Tampoco podría beneficiarse de un hipotético indulto a los condenados del ‘procés’ pues ni ha sido juzgado ni solicitado esta medida de gracia que se concede, además, de forma individual y no colectiva.
Los autos de ayer del juez sustituto suponen una enmienda a la totalidad de los argumentos con los que la magistrada titular había avalado en julio los terceros grados de los siete líderes secesionistas de Lledoners. Un volantazo en toda regla de David García Esteban contra el criterio que había mantenido el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña bajo la batuta de su titular, María Jesús Arnau. García Esteban ha roto la dinámica que se antojaba que podría repetirse en el segundo intento de la Generalitat de dejar a los presos ‘semilibres’.
Aunque decidió suspender los terceros grados y devolverlos a prisión en tanto en cuanto el Supremo no emitía una resolución definitiva, la juez Arnau vio en julio con buenos ojos esas ‘semilibertades’. Le parecía que el tiempo que habían pasado entre rejas era ya «relevante»; que había habido una «asunción expresa de los hechos probados» de la sentencia por parte de los presos, y que en prisión habían cursado tratamientos y actividades con «resultados muy positivos». Tres argumentos que, en diciembre, el Tribunal Supremo echó por tierra. Ahora, el juez de vigilancia hace suyo el criterio del Supremo para frenar el segundo intento de la Generalitat de dejar ‘semilibres’ a los líderes del desafío secesionista.
Punto por punto, David García Esteban, que había desarrollado buena parte de su carrera en juzgados de menores desde que comenzó a ejercer en 2004, ha corregido a la titular del juzgado. Para él, no es «relevante» que haya transcurrido una cuarta parte de la condena; al contrario, considera «prematuro» dejarles ya en ‘semilibertad’. También ve insuficiente para el tercer grado esa «asunción expresa» de los hechos, pues «no tienen conciencia de que con dichas acciones hayan cometido un delito». Y, por último, en cuanto los cursos seguidos en prisión, el sustituto no cree, a diferencia de la titular, que hayan sido «muy positivos». Junqueras, por ejemplo, participó en unos sobre diálogos socráticos y de dinamización cultural que «no han tenido el resultado satisfactorio necesario». Cuando ejercía de juez de menores, García Esteban dijo en una entrevista que no debe darse a los jóvenes todo lo que piden. Parece que los presos del ‘procés’ necesitarán también más tiempo y esfuerzo para lograr el tercer grado que la Generalitat les había regalado.