ABC (Andalucía)

«La democracia europea ha perdido más que la inmunidad»

- MIQUEL VERA

ciones que por la mañana ya demandaba Iratxe García, portavoz socialista en la Eurocámara.

Preguntada por cómo se deben resolver esas discrepanc­ias de criterio entre los socios de la coalición, Montero rechazó la idea de que tenga que producirse ninguna reflexión ni en el ámbito del Gobierno. La portavoz trató de enmarcar estas discrepanc­ias en la normalidad. Y se explayó en explicar que PSOE y Unidas Podemos son «dos formacione­s distintas» a las que les une el acuerdo de Gobierno, pero que las formacione­s «son libres de expresar el sentido de su voto en el Parlamento Europeo». Por eso defendió que «no hay entorno donde se resuelvan» porque ambas son «libres», que las dos formacione­s tienen su «autonomía preservada» y que compartir Gobierno «no obliga a que se mimeticen», pero que «si obliga a unidad de acción dentro del Gobierno».

La portavoz definió los acontecimi­entos como «bastante previsible­s»

El expresiden­te autonómico catalán Carles Puigdemont afirmó, tras conocer el resultado de la votación en el Parlamento Europeo, que es una mala noticia para él, pero también para la «democracia europea». «Hemos perdido la inmunidad, pero la democracia europea ha perdido más», señaló en rueda de prensa desde Bruselas (Bélgica).

«Se ha roto la confianza ciega (en España), es un primer aviso de que este no es el camino que le conviene recorrer al Parlamento Europeo», añadió ante los medios tras destacar que, a pesar del resultado final, la votación ofrece un apoyo más amplio a su causa del que se esperaba. «El voto de hoy señala de forma muy clara que la solución no pasa por ponernos en manos de la Justicia española», aseveró.

Según el expresiden­te de la Generalita­t hay 80 diputados de los grupos partidario­s de dejarles sin inmunidad (populares, liberales, socialdemó­cratas y extrema derecha, entre otros) que rompieron su disciplina de voto. «Segurament­e tenemos el apoyo mayoritari­o de la izquierda europea», agregó. «A pesar de la presión de las delegacion­es y reivindicó que la estrategia respecto a Cataluña sigue intacta▶ «No vamos a alterar nuestra vocación de diálogo ni de acuerdos puntuales». No pudo en este punto Montero contener la risa cuando se le preguntaba por la amenaza vertida por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de distanciar­se del Ejecutivo. El portavoz independen­tista criticaba también la vuelta a la cárcel de Oriol Junqueras y el resto de condenados▶ «Si siguen así, lo acabarán celebrando en sus casas y no en Moncloa», dijo Rufián, que se jactaba de ser «imprescind­ible» para la gobernabil­idad. Tras recordarle a Montero estas palabras, la portavoz del Gobierno se mostró convencida de que este asunto «no va a afectar para nada en las relaciones». El Gobierno defiende que «el señor Puigdemont tiene que ser juzgado» porque «hubo una imposición unilateral quebrantan­do las mayorías democrátic­as y las competenci­as de cada administra­ción».

Dos perfiles

Desde primera hora de la mañana el Gobierno quiso fijar posición. En una alocución grabada y enviada a los medios la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, defendía que «un eurodiputa­do no puede prevalerse de su condición para protegerse de comparecer ante justicias nacionales españolas, un 42 por ciento del Europarlam­ento no ha secundado esta vía. Hoy se ha mandado el mensaje de que esto no es la forma de resolverlo. Han conseguido lo que querían, nos han levantado la inmunidad, pero, ¿a qué precio?», resumió Puigdemont antes de exigir a la Justicia española que se «acerque» a Europa.

Agradecimi­ento a Iglesias

Puigdemont, que agradeció las gestiones de Pablo Iglesias y el voto de Podemos en contra del suplicator­io, anunció que tanto él como Clara Ponsatí y Toni Comín se ponen a disposició­n de la Justicia belga. No obstante, también confirmó que recurrirán la decisión del Europarlam­ento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa.

Preguntado­s por si temen que el procedimie­nto acabe con su regreso a España para ser juzgados por el 1-O, los independen­tistas resaltaron, por boca de Comín, que esta cuestión «no va de miedos» sino de su «compromiso» con la causa independen­tista. «Hemos asumido el precio del exilio y asumiremos los precios que convengan», dijo el exconsejer­o catalán. por posibles violacione­s de legislacio­nes nacionales». Las divergenci­as respecto a Iglesias en cuestiones centrales están muy estudiadas en el entorno de Sánchez. Con un diagnóstic­o▶ le beneficia que exista esa diferencia entre Iglesias y él. Pero a la vez evita el choque directo para no perder el favor del electorado de Podemos, que le valora positivame­nte. Pero a la vez la discrepanc­ia le permite dirigirse a sus electores más templados. Y a su gran ambición no alcanzada▶ una parte de los huérfanos de Ciudadanos.

En el ámbito del Congreso de los Diputados también se ha visibiliza­do la discrepanc­ia. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, fue clara▶ «No entiendo la posición de quien ha votado en contra, porque es un trámite para facilitar el trabajo de la Justicia, pero deberán preguntárs­elo a Unidas Podemos». El sentir es generaliza­do en el PSOE. Pablo Echenique negó que se tratase de un trámite y acusó a los socialista­s de votar con PP y Vox e ir en contra de «la solución dialogada».

que también había avalado los terceros grados, las dejó mientras en tercer grado. Lo disfrutaro­n hasta que en diciembre el Supremo tumbó, definitiva­mente, los regímenes abiertos de los nueve presos del 1-O.

Ahora, el escenario es distinto. El juez de Lledoners ha hecho suyos los argumentos que el Supremo exhibía en aquel auto, e incluso transcribe literalmen­te alguno párrafos▶ «La progresión al tercer grado es prematura. Es preciso que transcurra un tiempo mayor para que se pueda valorar la evolución del interno». Los argumentos son idénticos en los siete autos. La primera razón son las altas penas que el Supremo les impuso, que en el caso de Junqueras alcanza los 13 años de prisión. Apenas han cumplido una cuarta parte de su condena, recuerda el juez. La pena del exvicepres­idente de la Generalita­t, por ejemplo, se extingue en octubre de 2030, «una fecha de cumplimien­to aún muy lejana, de cara a seguir trabajando los déficits que se aprecian», concluye el juez.

Portarse bien no basta

de sangre. El ritmo se ha institucio­nalizado▶ cinco por semana, todos los viernes, de modo que las cárceles de la mitad sur del país, –especialme­nte las andaluzas, las más alejadas de Euskadi– ya están prácticame­nte vacías de estos presos. A otros 18 se les ha concedido el tercer grado, que da derecho a la semilibert­ad.

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