Los tribunales empiezan a dar la razón a los grandes inquilinos de Aena
La gestora aeroportuaria mantiene su negativa a rebajar las rentas
La guerra entre Aena y los hosteleros y comerciantes de los aeropuertos por las rentas mínimas garantizadas de los locales parece no encontrar su final. Ni lo habrá en un tiempo próximo. Ahora la batalla se libra en los juzgados, y esta ha empezado a cambiar su criterio. Porque si en la presentación de la cuenta de resultados hace algunas semanas, la gestora aeroportuaria aseguraba que la Justicia le estaba dando la razón en la mayoría de los casos (seis a favor y uno en contra), ahora son los inquilinos los que empiezan a recibir las buenas noticias.
Concretamente, son los grandes comerciantes los triunfadores en los litigios, que representan cerca del 90% de los ingresos comerciales de la gestora. De esta forma compañías como SSP y Áreas ya acumulan cautelares a su favor por parte de los tribunales, lo que se ha traducido en que la empresa no ha podido ejecutar los avales bancarios de los alquileres.
A pesar de este revés, desde la compañía semipública aseguran a este periódico que su posición en las negociaciones continúa siendo «inamovible» y que estas cautelares conseguidas por los inquilinos han sido por «inaudita parte», sin escuchar la versión de Aena.
La sociedad aeroportuaria defiende que entre 2020 y 2021 habrá dejado de ingresar 800 millones de euros debido a los descuentos sobre la renta garantizada anual –el mínimo de alquiler a cobrar a los negocios, que pagan en función de su facturación– a sus inquilinos.
La propuesta de Aena pasa por anular la totalidad del pago de las rentas mínimas garantizadas a comerciantes y hosteleros durante el primer estado de alarma del pasado año y que estos paguen el 50% de las rentas desde junio de 2020 hasta el próximo mes de septiembre.
Un extremo al que los grandes comerciantes se niegan ante la caída del tráfico aéreo superior al 70% en 2020. A lo que hay que añadir las pocas perspectivas de mejora, al menos, hasta el segundo semestre de 2021. Por su parte, Aena asegura que más de la mitad de los inquilinos ya han aceptado esta propuesta, cuyo plazo de aceptación expiró el pasado sábado.
Pero tanto Aena como los inquilinos ya prevén que el proceso en los juzgados se alargue por tiempo indefinido. Por su parte, los sindicatos también defienden a hosteleros y comerciantes. La semana pasada, CC.OO. y UGT se reunieron con la gestora para abrir una nueva vía en las negociaciones, pero la respuesta por parte de la gestora fue negativa. Los representantes sindicales exigen que los inquilinos paguen en función de lo que se factura, teniendo en cuenta que en algunos meses la caída de los viajeros por los aeropuertos españoles ha alcanzado cerca del 90%, a la par que los ingresos de las compañías.
CC.OO. y UGT aseguran que de no aplicar soluciones en el corto plazo, peligrará la continuidad de la mayoría de estas empresas y, en consecuencia, se ponen en riesgo más de 12.000 empleos.
En el Congreso
La pelea ya se ha convertido en cuestión de Estado. El pasado viernes, Esquerra Republicana presentó en el Congreso una PNL (proposición no de ley) para modificar el Real Decreto Ley 35/2020 de medidas urgentes al turismo al que se acoge la empresa semipública (participada al 51% por el Estado) para exigir estos pagos. Una norma de la que ya se eximieron los inquilinos de los comercios de las estaciones de trenes de Adif.
Según el partido independentista, la oferta de Aena es «claramente insuficiente para evitar quiebras y despidos», por lo que piden que al igual que los inquilinos del gestor ferroviario, estos paguen en proporción a la caída de pasajeros.