Podemos pide eliminar la «imposición legal exclusiva del castellano»
Presenta, con otras nueve formaciones, una proposición no de ley en el Congreso
Podemos, junto a otras nueve formaciones políticas (EH Bildu, ERC, CUP, BNG, Junts, PDECat, PNV, Compromís y Más País) presentaron ayer en el Congreso una polémica proposición no de ley (PNL) en la que se insta al Gobierno a «asumir la realidad plurilingüe y garantizar que la Administración del Estado funcione en las diferentes lenguas independientemente de su ubicación física, entre otros, en las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, Supremo y la Audiencia Nacional u organismos como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social u otras empresas y entidades públicas como RTVE».
La PNL de las diez formaciones nacionalistas, independendistas y populistas ya mencionadas, se debatió ayer a propuesta de Bildu en el Pleno del Congreso y se votará mañana.
El texto consta de un total de ocho puntos en los que, además, piden «poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal, que afecta de manera frontal al ámbito económico y singularmente al etiquetado, y emprender una política decidida para acabar con las discriminaciones lingüísticas y para difundir el conocimiento y el respeto por todas las lenguas del Estado».
En otro apartado piden «garantizar la igualdad lingüística, que el Estado extienda deberes y derechos de los que hasta ahora solo se ha beneficiado el castellano, como son la capacitación en lenguas propias del personal del personal de todas las administraciones públicas, incluida la de Justicia, su uso generalizado en las páginas oficiales y su reconocimiento a nivel internacional en paridad con el castellano».
También señalan que es necesario «garantizar el deber de conocimiento por parte del funcionariado que preste servicios en territorios con lengua propia, así como impulsar las medidas adecuadas para extender el conocimiento generalizado de las lenguas en sus respectivos territorios».
En los motivos por los cuales presentan este texto, las formaciones políticas señalan que pretenden «garantizar una sociedad justa, realmente plural y democrática, con derechos y deberes efectivamente iguales para todos y no solo para aquellos que utilizan el castellano».
El diputado por Baleares de Vox, Antonio Salvá, intervino en el Pleno para debatir la PNL y dijo que el objetivo de la misma es «evidente▶ este es un nuevo ataque al español. Y ahora dicen que vienen a defender los derechos lingüísticos. No se lo cree nadie», aseguró y agregó (ya que Bildu pidió debatir la iniciativa) que «Bildu debe ser ilegalizado porque es la heredera de ETA». Por su parte, Marta Martín, de Cs, dijo que es falso que con la proposición se quiera defender la realidad plurilingüe y la libertad lingüística. «Bajo esta excusa viene a atacar la mayor propiedad conjunta que tenemos todos los ciudadanos▶ el español. El español sí una lengua que hablamos hoy en el mundo cerca de 400 millones de personas». «A ver si se enteran de una vez▶ el castellano como lengua común (el español), no es una imposición legal sino una gran riqueza», espetó Martín que añadió que a los firmantes de la PNL «el castellano les molesta».
Ana Belén Vázquez, diputada del PP por Galicia, dijo que «es incomprensible, temerario y discriminatorio que una lengua como el castellano, sea relegada por aquellos partidos que están llevando a su comunidad autónoma a la más absoluta ruina económica, social, cultural y moral en su deriva independentista, populista y totalitaria, señores de Esquerra, Junts per Catalunya y la CUP».
Votos
La PNL se debatió ayer a propuesta de EH Bildu en
el Pleno del Congreso y se votará mañana
Igual para todos
El texto pide derechos y deberes iguales para todos y «no solo para los que utilizan el
castellano»
¿Qué hará el PSOE?
Agregó que «el Estado no puede permanecer impasible ante la vulneración de los derechos lingüísticos de los ciudadanos en ninguna comunidad, ni aceptar ninguna forma de discriminación, exclusión o segregación».
Por su parte, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, dijo ayer sobre la proposición que «queremos dar garantías jurídicas y, si no se aceptan, votaremos en contra».