Objetivo: 1 de Mayo sin penas de cárcel para piquetes violentos
El Congreso dio ayer luz verde a la derogación del artículo del Código Penal que incluía las penas de cárcel entre los castigos a los piquetes violentos de las huelgas. Se trata de la última votación antes de su remisión al Senado, donde la iniciativa completará su tramitación. Este último trámite se prevé exprés, pues el PSOE ya anunció que solicitará la vía de urgencia para reducir los plazos a la mitad, de tal forma que pueda estar en vigor para el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador. No obstante, si los senadores aprueban enmiendas, el Congreso tendría que volver a pronunciarse sobre ellas.
Con la derogación del artículo 315.3 del Código Penal se satisface una de las viejas reivindicaciones de los sindicatos, así como una promesa constante de los partidos del ala izquierda, que han venido reclamando su anulación al haberse juzgado y condenado a más de 300 personas, en su mayoría sindicalistas, por su participación en piquetes violentos en las huelgas generales del 29 de septiembre de 2010, del 29 de marzo de 2012 y el 14 de noviembre de ese año. Fue la primera vez en democracia que los sindicatos convocaron dos huelgas generales en un mismo año, en ambos casos contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Ninguno de los acusados, sin embargo, ha terminado ingresando en prisión.
El mencionado artículo 315.3 establece que «quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses». No obstante, su eliminación implica recortar también otro derecho fundamental, el de acudir al trabajo, según coinciden expertos juristas consultados por este diario, y tal y como ha denunciado también el Partido Popular. La iniciativa votada ayer fue planteada por el PSOE en septiembre de 2020 e incluye, además de la derogación del artículo, la revisión de las sentencias firmes dictadas de conformidad con la legislación que se deroga. El Gobierno contó ayer con el apoyo de sus aliados parlamentarios habituales, a excepción del PNV, socio prioritario, que se desmarcó en esta ocasión.
Entre los sindicatos, ayer el ambiente era de celebración. Nada que ver con el mundo empresarial. Varios empresarios evitaron ayer dar declaraciones oficiales más allá del «respeto a las decisiones adoptadas en sede parlamentaria» aunque en privado sí reconocían su malestar por lo que consideran un «ataque a la empresa privada» y «un amparo a la violencia». «El respeto por el derecho de huelga es máximo, pero la violencia nunca es justificable», remarcan.