El PSOE cede y apoya parte de la polémica propuesta que quiere desterrar el castellano
Fomentan las hablas asturianas, leonesas y aragonesas y abren la vía para romper con las leyes de las televisiones autonómicas
El Congreso de los Diputados, con el voto favorable del PSOE, ha aprobado tres de los puntos de la polémica proposición no de ley (PNL) que pretende poner fin a la «imposición legal exclusiva del castellano», y que Bildu quiso salvar ‘in extremis’ pidiendo su votación desglosada por puntos (ocho en total). Finalmente, tres recibieron su aprobación▶ el cuarto, el séptimo y el octavo.
El primero sostiene la necesidad de «impulsar y apoyar reformas estatutarias para la oficialidad de las lenguas propias que aún no son oficiales en una parte o la totalidad del territorio donde se hablan». Este punto se refiere al asturiano, al aragonés y al leonés, que son lenguas no oficiales habladas por muy poca población. «Hay movimientos que reclaman su oficialidad, reivindicación que puede parecer bien; sin embargo, los que piden su oficialidad están imbuidos de nacionalismo y pretenden en un plazo corto copiar todas las medidas que se aplican principalmente en Cataluña▶ establecer el idioma como requisito para ser funcionario, extender la inmersión hasta hacerla obligatoria, redactar preferentemente los documentos públicos en lengua cooficial. El objetivo es, pues, la dispersión lingüística y eliminar la eficacia de una administración con lengua común», analiza Julián Ruiz-Bravo, secretario de «PLIS Educación, por favor».
Para Marta Martín, diputada de Cs, este punto supone «la babelización de España a largo plazo si se consolidan más barreras lingüísticas para la movilidad de ciudadanos. El problema no es reconocer las lenguas, es imponer barreras con ellas».
El otro punto aprobado es el siete, que aboga por «permitir el uso administrativo de las distintas lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas, sin barreras y firmando acuerdos para la recepción recíproca de medios de comunicación dentro de esos espacios lingüísticos». Se refiere principalmente a Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana. «El objetivo es desactivar una sentencia del Tribunal Supremo, que rechaza la pretensión de la Generalitat valenciana y catalana de dar preferencia al catalán entre entidades administrativas de Cataluña, Valencia y Baleares, obviando que la mayor parte de estas comunidades tiene como lengua materna el castellano», explica Ruiz-Bravo.
La alusión a los medios de comunicación preocupa más. «Quiere romper con las leyes que rigen las concesiones públicas de las televisiones y radios autonómicas. Los medios de comunicación regionales tienen por ley un ámbito autonómico, de tal forma que la televisión andaluza o madrileña no deberían verse fuera de Andalucía o Madrid. Los nacionalistas pretenden anular estas leyes para obtener ventaja competitiva, con la excusa de la unidad lingüística para fortalecer el carácter nacionalista e independentista de los llamados Países Catalanes», apunta Ruiz-Bravo.
«Imperialismo lingüístico»
Para Martín, «es un paso más a algo que de facto están haciendo los nacionalistas etnolingüísticos catalanes y vascos▶ colonizar Baleares, Comunidad Valenciana y Navarra y consolidar su imperialismo lingüístico». El último punto aprobado ha sido el octavo▶ «Respeto real, basado en derechos y deberes y en la actuación comprometida de todos los poderes del Estado». Este es el punto menos conflictivo de toda la PNL, «pero dependerá del redactado final que adquiera en una ley o en un reglamento», advierte Ruiz-Bravo.
Podemos, junto a otras nueve formaciones (Bildu, ERC, CUP, BNG, JpC, PDECat, PNV, Compromís y Más País) presentaron el pasado martes en el Congreso la polémica PNL en la que se insta al Gobierno, en otro de los puntos, a «asumir la realidad plurilingüe y garantizar que la administración del Estado funcione en las diferentes lenguas independientemente de su ubicación física».
También se pedía «poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano». La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra dijo el pasado martes sobre la PNL que «queremos dar garantías jurídicas y, si no se aceptan, votaremos en contra».