ESTADO DE ALARMA Y LIBERTAD
Conviene preguntarse si la frívola costumbre de Pedro Sánchez de gobernar por decreto no será la causa última de prorrogar el estado de alarma hasta que quiera
HOY se cumple un año desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretó el estado de alarma dada la dramática situación que España empezaba a sufrir con el contagio exponencial del coronavirus. Atrás quedaban los días en los que el empecinamiento del Gobierno en celebrar los actos del 8-M con manifestaciones multitudinarias en las calles, y su negativa a aceptar las recomendaciones de prudencia de la Organización Mundial de la Salud, contribuyeron de manera decisiva a masificar la pandemia. Desde aquel día fueron notorias la imprevisión constante, la improvisación, la incapacidad para acertar con una estrategia sanitaria definida contra el virus y, sobre todo, la utilización progresiva de la propaganda para que Sánchez simulase estar al frente de una crisis que empezaba a causar cientos de muertos diarios y con nuestra estructura sanitaria colapsada y superada.
Hoy, un año después, los cálculos de fallecimientos son escalofriantes. Superan ya los 100.000 pese a que el Gobierno sigue instalado en una absurda espiral de mentiras al respecto. En un año, el virus ha cambiado la vida del planeta por completo. La pandemia ha motivado confinamientos masivos, ha separado a familiares, ha matado a personas de una forma cruel y en absoluta soledad, ha agotado a nuestros sanitarios, ha puesto a prueba muchos de los errores de la globalización, y nos ha empobrecido económicamente. Citar todas y cada una de las letales consecuencias daría para miles de tesis doctorales. Nos han marcado de por vida.
No obstante, la excepcionalidad del estado de alarma ha sido utilizada de forma abusiva y arbitraria por parte del Gobierno para colonizar el espacio público a capricho y para hurtar al Parlamento muchas de sus funciones de control a su gestión. A día de hoy, de dieciséis meses con Sánchez en Moncloa, diez lo han sido bajo el estado de alarma. Su última decisión, y para no exponerse a perder votaciones en el Congreso que le impidieran prorrogar la excepcionalidad, fue decretarlo durante seis meses, hasta el 9 de mayo. Sin embargo, después de tres olas, a cuál más trágica que la anterior, y después del aparente respiro que concede ahora la enfermedad a los hospitales, el Gobierno ha anunciado ya, en pleno marzo, que se propone prorrogar aún más el estado de alarma. De momento, no ha revelado durante cuánto tiempo, pero Sánchez querrá repetir la operación, hurtar cualquier debate público y recurrir a sus socios de legislatura para imponer más meses.
Dará igual en qué fase se encuentre este exasperante proceso de vacunación, pero es evidente que en mayo el compromiso de Sánchez con la inmunización de los españoles seguirá muy incompleto. Y dará igual si ha funcionado o no –que no lo ha hecho– la ‘cogobernanza’ que impuso a las autonomías para sacudirse de encima responsabilidades por el desgaste que le suponía le gestión de la pandemia. Por tanto, nada cambia estar bajo alarma o no estarlo. El Gobierno no ha legislado. No ha acondicionado nuestro ordenamiento para una lucha más eficaz contra el virus, y los conflictos con las autonomías se han multiplicado. Más aún, Sánchez ha eludido su promesa de que las autonomías evaluasen el funcionamiento del estado de alarma cuando hubiese transcurrido cuatro meses. En este contexto, conviene preguntarse si su frívola costumbre de gobernar por decreto no será la causa última de prorrogar el estado de alarma hasta que quiera. La conclusión es que Sánchez solo se desenvuelve bien en un régimen de restricción de libertades.