La Fiscalía investiga si Colau sufraga ilegalmente a organizaciones afines

Una entidad denuncia a la alcaldesa por usar la vía de la subvención para evitar concursos

Desde 2007 la activista Ada Colau estuvo en nómina del Observatorio Desc. Cobraba 1.500 euros netos mensuales por trabajar para esta entidad de defensa de derechos humanos como coordinadora en materia de vivienda. Lo dejó en febrero de 2015 para presentarse a unas elecciones municipales que acabaría ganando. Venció su candidatura, y no salió mal parado tampoco el Observatorio Desc, subvencionado anualmente con partidas sobre las que ahora la Fiscalía ha puesto la lupa. Fuentes del Ministerio Público explican a ABC que la Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto ya una investigación, tras una denuncia de la entidad Abogados Catalanes por la Constitución, para averiguar si la alcaldesa regó a esa organización amiga con subvenciones ilegales anuales.

La denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, además de a Colau, señala a otros cargos y excargos municipales▶ la concejala Laura Pérez, las exediles Laia Ortiz y Gala Pin, y la asesora municipal de vivienda Vanesa Valiño. También apunta a Irene Escorihuela, directora del Observatorio. Los Abogados Catalanes por la Constitución les atribuyen posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude en la contratación. La Fiscalía, que ya ha incoado diligencias de investigación, tiene ahora seis meses para valorar si presenta una querella –o denuncia– o si archiva la causa en caso de no ver indicios delictivos.

Subvenciones a dedo

El Ayuntamiento de Barcelona ha dado al Observatorio una serie de subvenciones anuales que los denunciantes ven claramente irregulares. El ejecutivo de Colau ha ido registrando estos pagos como «subvenciones extraordinarias», cuando, por su periodicidad,

ble», pues se podría decir que el Ayuntamiento «paga los sueldos de los trabajadores del Observatorio Desc mediante una subvención excepcional», recogen en su escrito al fiscal.

La primera subvención se concedió en 2014 para trabajar en materia de ‘derecho a la vivienda’, y desde 2016 se cambió el concepto por el de ‘derecho a la vivienda y energía’. El convenio recoge que el objetivo fundamental era el asesoramiento jurídico y social en el campo habitacional, algo que sería «más propio de profesionales colegiados de cada materia», según consideran los denunciantes. Recuerdan, además, que ya existe el turno de oficio, que da servicio gratuitamente al ciudadano. En cuanto al destino de las partidas, el convenio se limita a citar una serie de teóricas «buenas intenciones» y conceptos jurídicos «indeterminados», que «impiden conocer el contenido del proyecto». «No se aprecia inversión en vivienda social, ni en alquiler subvencionado, ni en protección propiamente dicha de colectivos desfavorecidos», lamentan en ese escrito que ya estudian los fiscales.

Asesores de okupas

Los Abogados Catalanes Constitucionalistas también ponen énfasis en que

El Grapo mató a ocho personas e hirió a más de 40 en la cafetería California en 1979. Madrid, Cataluña, Galicia y Zaragoza fueron sus objetivos prioritarios nocen como víctimas a aquellas que han sufrido el atentado cometido en su suelo; otras si estaban empadronados en ella aunque el hecho ocurriera en otro lugar. Pero debería imponerse un solo criterio», explican desde la asociación.

La semana en la que España ha acogido el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo muchas se sienten aún ninguneadas. «Pasa el tiempo pero no lo olvidas. Yo creo que para todas es importante saber que cuentas con el apoyo de tu comunidad, que no eres un número», reflexiona Mayte Cabezas. Ella llevaba veinte días presentando un programa en la televisión gallega cuando mataron a su padre. Tino, el guardia civil con el que compartía turno, recibió los primeros disparos mientras leía el periódico y, casi a la vez Pedro fue acribillado por otro de los asaltantes.

Ver al asesino en la calle

Mayte escuchó en la radio que había un atraco y el ímpetu periodístico la empujó junto a unos compañeros a acercarse. «Mi padre trabaja allí, tendremos noticias de primera mano», les dijo. Al llegar alguien la abrazó y el resto es un recuerdo difuso. Y una travesía de las dos familias durante los siguientes 32 años. Describe algunas. Su madre, tras el homenaje, necesitó de nuevo asistencia psicológica. «¿Y quién se encarga? Pues nosotros». Ella al enterarse de que Silva Sande, uno de los cinco terroristas condenados por el crimen, iba a ser trasladado a Galicia entró en shock. «¿Y cuando salga de prisión qué, me lo voy a cruzar por la calle? No hay un mecanismo que les prohíba residir en el mismo sitio que sus víctimas. Y si lo hay nadie nos lo ha dicho. Lo que sí me han dicho es que va escribir un libro de cómo mató a mi padre».

Sus reproches van más allá y los comparte con su otra familia, los hijos del agente Limia. «Tras la infamia de lo de Hasel no ha salido nadie del mundo de la cultura a decir, oiga que los del Grapo no son héroes. Las víctimas no utilizamos nuestros medios para difundir odio, ¿por qué ellos sí?».