La UE y la ONU piden un trato transparente y justo para Áñez
Los fiscales solicitan seis meses de prisión preventiva para la
aseveró que sufre una persecución política por parte del actual partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.
Áñez y dos de sus exministros están acusados de haber propiciado presuntamente un golpe de estado en contra de Morales, quien salió de Bolivia en noviembre de 2019, mientras en el país se registraban hechos violentos entre sus militantes, oposición y fuerzas del orden. Unas horas antes la OEA había confirmado que hubo manipulación en los resultados de las elecciones presidenciales en las que Morales se declaró ganador para un nuevo mandato presidencial.
Alegan riesgo de fuga
Los fiscales asignados al caso sugirieron ayer que, ante el riesgo de fuga, Áñez y los dos exministros detenidos fueran enviados de forma preventiva a cárceles de Bolivia. Se esperaba que ayer mismo se celebrara la audiencia para determinar si se les envía a prisión, donde podrían permanecer privados de libertad de forma preventiva durante seis meses mientras las investigaciones continúan. Los delitos de los que se les acusa pueden acarrear condenas superiores a tres años.
La acusación contra Áñez fue interpuesta por una exdiputada del partido de Morales. Lidia Paty inició la demanda en diciembre de 2020 y el Ministerio Público ha acelerado el proceso y emitido por sorpresa órdenes de captura contra excargos gubernamentales y de las fuerzas del orden.
El Gobierno boliviano niega que haya persecución política. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, recordó que las instituciones judiciales cuentan con independencia y la Policía sólo ejecuta las órdenes que se emiten desde esa institución.
En varias regiones de Bolivia todavía se desarrollan operativos policiales para ejecutar al menos siete órdenes de captura más que emitió el Ministerio Público boliviano. Ayer fue detenido un líder de una agrupación cívica del departamento de Cochabamba, Yassir Molina, quien participó en movilizaciones para denunciar el fraude electoral del gobierno de Morales en 2019.
Las autoridades del Ministerio Público no han sido claras en dar datos sobre cuántas órdenes de captura se han emitido y contra quiénes más se ampliará la denuncia del caso denominado ‘golpe de Estado’. En las últimas declaraciones de sus representantes apenas han manifestado que existe una estrategia de investigación y los capturados podrán denunciar en las audiencias si sus derechos fueron vulnerados.