Cambios en dos fases

cada vez que salen a la luz algunas de las medidas para reformar el sistema o iniciativas como la polémica ampliación de los años para calcular la pensión de 25 a 35. Esta última, además de incomodar al Pacto de Toledo, tensó al máximo las costuras entre la facción económica del PSOE y la de Unidas Podemos, lo que terminó con la exclusión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de la presentación del último acuerdo para prorrogar los ERTE.

Genera intranquilidad entre miembros de la comisión parlamentaria que el ministro insistiera en que el Gobierno no ha planteado a Bruselas ninguna propuesta en esta línea y que, posteriormente, se conociera que el texto enviado a Europa sí contenía una propuesta en firme para ampliar los años para el cálculo, aunque en este caso no aparecen referencias numéricas. El Gobierno solo se compromete a «adecuar las carreras de cotización a la realidad laboral».

El Pacto de Toledo quiere conocer también detalles sobre el nuevo factor intergeneracional prometido por el Gobierno a Bruselas. Un indicador con el que el responsable de la Seguridad Social quiere recuperar la filosofía del factor de sostenibilidad introducido en la reforma de las pensiones del año 2011, hoy desactivado con el respaldo del Pacto de Toledo.

Este futuro factor de sostenibilidad permitiría hacer una «revisión periódica» de los «parámetros fundamentales