Secretario general de Formación de la Junta
El Covid ha elevado la urgencia de las políticas para ayudar a la búsqueda de nuevos empleos
bía 3.000 expedientes de subvenciones sin tramitar correctamente, que sumaban a su vez más de 400 millones de euros sin las justificaciones pertinentes».
Tras analizar toda esa documentación se ha pedido el reintegro de más de 200 millones de euros. El objetivo ahora es evitar a toda costa un nuevo colapso del sistema. «Si se invierten 90 millones de euros al año es porque ese volumen se puede gestionar de manera ordenada y garantizar el control estricto de la gestión de los fondos».
Entre las prioridades también figura «impulsar acciones en alternancia con el empleo, que combinen formación y trabajo real en proyectos de escuelas taller que permiten la colaboración de entidades locales». Otro de los flancos que se reforzará es «la atención de desempleados, con programas específicos dirigidos a colectivos que están sufriendo de una forma dramática las consecuencias de la pandemia, con una atención específica a los mayores de 45 años». También habrá formación específica para empresas con compromiso de contratación.
El diseño del nuevo sistema se concluyó en las semanas anteriores a la llegada del Covid y las primeras licitaciones coincidieron, de hecho, con la declaración del estado de alarma. En el seno de la Consejería estiman «que ahora son más necesarias que antes las medidas encaminadas a cualificar al tejido productivo».
Javier Loscertales se puso al frente de las políticas de Ordenación de la Formación Profesional en el verano de 2019. En ese periodo, su objetivo ha sido recuperar una área que «estaba devastada» después de que el anterior Gobierno «decidiera paralizarlo todo cuando se iniciaron las primeras investigaciones judiciales por el presunto mal uso de los fondos». Tras casi dos años «desescombrando el terreno», ahora ha llegado el momento de recoger los frutos.
—¿Por qué han pasado diez años sin políticas de formación?
—El anterior Gobierno encapsuló el asunto e incluso situó en edificios aparte a los funcionarios que ejercían esta labor. Eso ya ha cambiado; nos hemos aproximado a los empleados públicos que debían relanzar la formación con criterios técnicos, no políticos, y han respondido con una labor ejemplar. Junto a ello, ha sido esencial cambiar el sistema, abandonar el modelo de subvención e ir a la licitación en concurrencia competitiva, garantizando la transparencia del proceso. El tercer eje consiste en ser muy selectivos con la inversión y poner el foco en una formación muy ajustada a lo que demanda el mercado.
—En la anterior etapa numerosas instituciones realizaban formación. ¿Quién se encargará ahora?
—El sistema de licitación en concurrencia competitiva está dirigido a empresas especializadas en formación. Debe propiciar que haya un conjunto de empresas muy capacitadas y profesionalizadas que sean capaces de invertir en los medios tecnológicos y humanos necesarios para realizar la formación que hoy exige el mercado. Con una inversión anual de 90 millones debe generarse un parque de empresas que empleen a formadores muy profesionales que a su vez ayuden a los alumnos a capacitarse correctamente para encontrar empleo. El sistema de subvención pervirtió el sistema, ya que al no permitir el beneficio industrial llevó a algunas entidades a inflar las facturas para lograr ese beneficio. Ahora queremos empresas muy profesionales que prestan un servicio de alta calidad.
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Herencia
Se han revisado todos los expedientes antiguos y se ha exigido el reintegro de más de 200 millones de euros
—Es evidente que con una buena formación se reduce el paro. El mercado exige profesionales formados en idioma, y haremos teleformación en idiomas encaminado a que los jóvenes obtengan títulos oficiales; hay demanda en capacidades digitales; en sectores como la construcción hay necesidades no cubiertas. Tras el Covid, la formación es ahora más importante que nunca.