El Congreso elimina la tutela para 200.000 discapacitados adultos
Les dota de capacidad jurídica plena y se tendrá en cuenta su voluntad en todos los trámites
El Estado deja de tener una «visión paternalista» hacia las personas con discapacidad intelectual o enfermos con algún daño mental. Son unos 200.000 españoles. Así resume Luis Cayo, presidente del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), el «salto cualitativo» que da España para cumplir con el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas, que prohíbe la discriminación del colectivo. Con un consenso abrumador (salvo el portavoz de Vox, José María Sánchez García, que se abstuvo, todos los grupos parlamentarios votaron en verde), la Comisión de Justicia debatió y aprobó ayer el proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal que suprime la incapacitación jurídica de personas con discapacidad. En dos meses, el Senado acogerá este proyecto y, si lo ratifica, antes de verano esta reforma verá la luz, avala Cayo.
En la práctica supone la devolución de la plena voluntad a esas personas, entre las que se encuentran aquellos con síndrome de Down o personas con trastornos del espectro autista. Ya no habrá tutores ni tutelas ni patria potestad prorrogada para mayores de edad, figuras necesarias para firmar un testamento, recibir o vender un patrimonio o fijar un cambio en el notario y pagar una hipoteca, explican a ABC Luis Cayo e Inés de Araoz, coordinadora del área jurídica de Plena Inclusión. Lo harán sin necesidad de que un juez autorice cada paso, como ocurría en estos trámites hasta el momento y, sobre todo, dice De Araoz, «teniendo en cuenta en todo momento la voluntad y preferencias de esa persona». También podrán ejercer su derecho al matrimonio con quien libremente decidan cada uno de esos ciudadanos.
Poderes, voz y voto
«La importancia jurídica diaria para estas personas es muchísima. Les da poderes, incluso, para firmar un contrato laboral», remarca el presidente de Cermi. Es un cambio de calado, que implica modificar varias normas, entre otras el Código Civil, la Ley del Notariado, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, la de Sucesiones y la Ley de
Patrimonio. Representantes de Cermi, ONCE, Plena Inclusión, Autismo España, Salud Mental España, Fedace y Aspace asistieron a la sesión parlamentaria de ayer y se felicitaban a las puertas del Parlamento por la tercera conquista de una batalla que inició el Cermi hace ocho años, y que en 2014 impulsó el Ministerio de Justicia del popular Rafael Catalá. Las dos gestas anteriores, recuerda Cayo, fueron la posibilidad de poder votar, ejercida por primera vez en las últimas elecciones generales; y, en enero pasado, la derogación de la ley penal que permitía las esterilizaciones forzosas del colectivo.
No obstante, si en algún procedimiento o trámite alguien necesita o gusta de «acompañarse de ciertos apoyos individualizados», podrá hacerlo, explican las asociaciones del colectivo. Un ejemplo▶ si la persona con discapacidad dispone de una cuenta bancaria, puede predefinir ante un juez que pueda sacar dinero de un cajero con total autonomía hasta una cantidad límite y, si necesita hacer uso de más dinero, entonces contempla que pregunten a sus progenitores o tutores. La autonomía personal prevalece y esto es algo que Sánchez García, de Vox, no vio con buenos ojos, y de ahí la fisura al consenso. El diputado objetó▶ «¿Por qué no se admite la incapacitación para personas con discapacidad y sí para los menores de edad?». «Nos tratan como a niños aunque tengamos 60 años», protestaron las entidades.
De Araoz detalla que la reforma establece tres instituciones de apoyo para casos con grandes dificultades▶ un guardador de hecho, el defensor judicial y la curatela representativa (o guarda legal).
Representantes de entidades de discapacidad, en la puerta del Congreso
Con discapacidad La reforma obliga
a que se tengan siempre en cuenta
los deseos y preferencias del
colectivo