La Junta contrata a expertos para reestructurar su «administración paralela»
∑El plan, que debe asumir las auditorías, abarca a 54 entes con 31.945 empleados ∑Encarga buscar «alternativas» sobre el impacto laboral de la reordenación
El «Gobierno del cambio» en Andalucía está a punto de contratar a una consultora para diseñar la reestructuración de la tupida red de empresas públicas, consorcios y fundaciones que componen la conocida como «administración paralela» de la Junta. La empresa que se haga con el contrato, que sacó a concurso el pasado mes de noviembre por 2.975.206 euros, tendrá que elaborar un plan de actuación asumiendo las conclusiones recogidas en las auditorías del sector público encargadas a otras consultoras privadas entre los meses de junio y julio pasados. El plan estratégico, que deberá recoger también las aportaciones de las consejerías, servirá de guía al Ejecutivo regional del PP y Ciudadanos para reordenar hasta 54 entes instrumentales, como prometió antes y después de las elecciones del 2 de diciembre de 2018 que acabaron con 37 años de poder continuado del PSOE.
La reestructuración afecta a 20 agencias de régimen especial y empresariales, 18 fundaciones y 16 sociedades mercantiles que manejan en su conjunto 5.358,82 millones de euros de fondos públicos y dan empleo a 31.945 personas, merced a la documentación consultada por los nueve despachos profesionales que han presentado ofertas.
Equipo de expertos
Según el pliego de condiciones técnicas publicado por la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, la consultora especializada que le asesore en el proceso detallará el «dimensionamiento de las entidades existentes» y «adecuación de las que se mantengan o reestructuren, así como el estudio de alternativas sobre las posibles repercusiones de dicha reestructuración en el personal afectado».
La empresa adjudicataria pondrá a disposición de la Junta un equipo de trabajo integrado por doce expertos y bajo la coordinación de un responsable con experiencia en consultoría estratégica y de recursos humanos. En este grupo multidisciplinar habrá especialistas en los ámbitos fiscal, mercantil, laboral y de Derecho Público y Administrativo. Además, se constituirá una oficina técnica encargada de la implantación y «monitorización» del plan de reordenación.
El impacto que tenga en los casi 32.000 empleados que, según el anexo del concurso, trabajan en estos organismos, es uno de los aspectos más peliaguados de la reforma. El Gobierno quiere abordarlo con pies de plomo para evitar que la extinción de entes instrumentales y el traspaso de personal a otros organismos desemboque en un conflicto laboral y en un torrente de recursos judiciales. Previendo que esto pueda ocurrir, la Junta busca el asesoramiento de expertos en Derecho Laboral sobre «las reclamaciones que se pudieran formular por los trabajadores» contra la Administración o «expedientes de extinción de las relaciones laborales, en caso de haberlas». También especifica el pliego que requerirá su opinión cualificada si se estima «necesario integrar a personal de los entes instrumentales en la Administración General de la Junta», en el caso de que el resultado de las auditorías operativas y del plan de implantación así lo recomendase. Si fuera necesario, este grupo de especialistas también prestará apoyo al Gabinete Jurídico de la Junta «cuando se incoen procedimientos judiciales derivados de la reubicación, modificación o extinción de puestos de trabajo».
Dicha oficina estará bajo la supervisión de la secretaría general para la Administración Pública, Ana Vielba Gómez, y de un responsable de la Consejería de Regeneración, que dirige Juan Marín, y contará con miembros de todos los departamentos.
Ana Vielba explicó a ABC que «en la Junta de Andalucía no sobra ni falta nadie, sino que se trata de ordenar el sector público para ver qué sociedades se necesitan, si son eficientes o si hay que optar por otro modelo». «Se trata de que la gente que se quede esté a pleno rendimiento porque ahora hay personal que no puede trabajar, ya sea porque no tiene potestades administrativas, o porque las agencias a las que está adscrito han dejado de tener los objetivos para las que se crearon, mientras los empleados de otras agencias están hasta arriba». «Si no sobra nadie, esos empleados pueden ser trasladados a otros organismos donde sí hagan falta», puntualiza la secretaria general.
Durante casi cuatro décadas de gobiernos
El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, el pasado martes en San Telmo
Laboral
La consultora le asesorará sobre la posible extinción
de contratos o recursos judiciales
del personal
Duplicidades Ana Vielba▶ «En la Junta no sobra ni falta nadie. Vamos a ordenar el sector público para que sea más eficiente»
ininterrumpidos, el PSOE creó una gran cantidad de agencias, consorcios, observatorios y empresas públicas donde tuvieron cabida personas allegadas a los que las crearon y desarrollaron, a menudo a través de procesos de contratación opacos, sin observar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública.
Vox mete presión
Dos años después, el Gobierno ha liquidado consorcios sin trabajadores y ha sido Vox el que ha impuesto desde fuera del Gobierno la realización de auditorías para acometer la reducción del sector público autonómico. Se han puesto en marcha algunas fusiones como la denominada Agencia Trade —que aglutinará a la Agencia IDEA, Agencia Andaluza del Conocimiento, Extenda y la Fundación Andalucía Emprende—, o la Agencia Digital andaluza, que integrará todos los servicios tecnológicos de la Junta.
Ana Vielba recordó que la reducción del tamaño de la «administración paralela» para hacerla más eficiente