Asignatura pendiente en el guión del ‘cambio’

Tanto el PP como Ciudadanos llegaron al poder en enero de 2019 prometiendo una reforma drástica de la administración paquidérmica que heredaron del PSOE, que ha estado al mando de la autonomía andaluza desde las primeras elecciones. El acuerdo programático firmado por ambas formaciones, que facilitó el desembarco del primer gobierno sin un presidente socialista, se impuso como objetivo meter tijera al gigantesco aparato burócrático de la Junta.

Su plan pasaba por reducir su tamaño a la mitad. «Pondremos las empresas públicas bajo una dirección profesionalizada y reduciremos a la mitad el entramado institucional paralelo de la Junta de Andalucía», rezaba literalmente una de las 90 medidas recogidas en la hoja de ruta del gobierno de coalición.

El primer Consejo de Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno (PP) encargó las primeras auditorías a la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre doce agencias instrumentales. La primera radiografía ya desveló algunas funciones duplicadas. En la presentación de los resultados, el portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, avanzó que «no se va a despedir a sus más de nueve mil trabajadores». «La Junta no quería entrar en la paralela como un elefante en una cacharrería», precisan desde el Gobierno, que encargó nuevas auditorías privadas.

La reducción del sector público es uno de los caballos de batalla de Vox en sus demandas al PP y Cs. El acuerdo que alcanzaron las tres formaciones para desbloquear los presupuestos de la Junta para 2021 recogía la creación de un comité bilateral en el que Hacienda debe rendir cuentas sobre el estado de las auditorías encargadas a mediados de 2020, sus plazos de entrega y de aprobación.