ERC y Junts alargan la negociación del nuevo Govern para votarlo ‘in extremis’
Se mantiene la desconfianza entre los partidos, condenados a entenderse
Un mes después de las elecciones del 14-F el independentismo parece dispuesto a empujar Cataluña a una investidura ‘in extremis’ que podría acabar en una votación en el tiempo de descuento y en plena Semana Santa, concretamente el próximo Domingo de Ramos (28 de marzo). En caso de frustrarse, se activaría entonces la cuenta atrás para la repetición electoral. Las patronales catalanas –Fomento del Trabajo, altavoz de la gran empresa, y Pimec, de las pymes– ven acercarse al precipicio y ayer se reunieron con la presidenta del Parlament, Laura Borràs (Junts), en un enésimo intento de devolver la vida política catalana a los cauces de la responsabilidad ante una sociedad muy tensionada por la pandemia y la crisis económica.
Aparentemente inmune a consejos y presiones, el partido de Puigdemont sigue enrocado en su estrategia de alargar los tiempos y empinar la negociación para agotar a los adversarios. Incluso se niegan a hablar de los nombres que deben integrar el próximo Ejecutivo autonómico. Es pronto para repartir sillas, advierten. De hecho, están dispuestos a hacer sufrir a Pere Aragonès (ERC) y vender cara su eventual subordinación en el próximo Govern catalán. No en vano, tal y como marca una norma no escrita, pero respetada en los dos últimos mandatos, se otorga la presidencia del Parlament al segundo partido independentista (tras el 14-F, Junts) mientras que la presidencia en la Generalitat queda en manos del primero (ahora, ERC).
En estos momentos, Borràs se ha alzado como principal ariete de la estrategia inmovilista de Junts. Tiene hasta el día 26 para encontrar un candidato a presidir la Generalitat y convocar un pleno. Si no es así, la presidenta tendrá que dar cuenta de la imposibilidad manifiesta de llevar a cabo una votación y pondrá en marcha el segundo plazo temporal. Dos meses. Así las cosas, si el 26 de marzo no hay presidente autonómico, es decir, si las negociaciones de Junts y ERC no han llegado, aún, a buen puerto, se activará el reloj de los dos meses para la convocatoria electoral obligatoria –a los 54 días del fin de los dos meses–.
«No tenemos prisa»
Con el calendario encima de la mesa, y visto que el foco informativo se ha trasladado a Madrid tras la crisis abierta por Ciudadanos en Murcia, en Junts empiezan a valorar la posibilidad de alargar la agonía de Aragonès más allá del 26 de marzo. «No tenemos prisa. Pero habrá Govern», apuntan fuentes del partido de Puigdemont.
A pesar de las tensiones, hay pocas dudas en Junts y ERC de su capacidad de llegar a un acuerdo. No obstante, la negociación entre ambos (a la que hay que sumar a la CUP) entremezcla asuntos de calado político, como la hoja de ruta del ‘procés’, el papel de los presos y Puigdemont, el Consell per la República o el reparto de influencias en TV3 con cuestiones prácticamente personales, como es la situación judicial de la propia Borràs, investigada en el Tribunal Supremo por varios delitos relacionados con un posible caso de corrupción cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.
Así, en el paquete de negociación del próximo Govern catalán ha entrado recientemente también la posibilidad de cambiar el Reglamento del Parlament para que se retiren las prerrogativas de los diputados investigados por corrupción cuando haya sentencia firme y no, como ahora, cuando se abra la fase de juicio oral. Esta modificación reglamentaria afectaría directamente a Laura Borràs, que podría alargar su presidencia aunque avance su proceso judicial, y sería una concesión directa de ERC y la CUP, que con sus 9 escaños es imprescindible para compactar cualquier mayoría ‘indepe’.
Sea como sea, según deslizó Borràs esta semana, tras reunirse con los presos
Suena como la persona de máximo rango de Junts en el próximo Govern
independentistas en Lledoners (Barcelona), solo habrá pleno de investidura «en el caso» de que algún candidato tenga los apoyos suficientes. Mensaje para Aragonès y también para el socialista Salvador Illa, que tiene la firme intención de presentarse a una investidura para capitalizar mediáticamente su victoria en votos y escaños y, de paso, diferenciarse de Ciudadanos, que en 2017 optó por echar a perder sus resultados (victoria en votos y escaños) negándose a presentar una candidatura alternativa. Otro elemento a tener en cuenta es Puigdemont, que ha reivindicado un rol en la negociación, aunque difícilmente servirá para agilizar la entente Junts-ERC.
Alargar la investidura
«Estamos hablando de Junts, toda prevención es poca». Esta frase expresada este viernes por un dirigente de ERC conocedor de la negociación resume el sentir de los republicanos que, aunque mantienen su optimismo, tienen asumido que Junts se cobrará a su manera la derrota del 14-F alargando la investidura de Aragonès cómo lo hicieron con la de Borràs, elegida también en el último momento.
Según apuntan a ABC estas mismas fuentes, la sensación entre quienes asisten a las negociaciones es de ir «a ciegas» por culpa del secretismo impuesto desde Junts. ERC descarta que el independentismo se arriesgue a perder la oportunidad de gobernar por lo que dan por hecho, incluso, que Aragonès será investido en el primer intento y sin que nadie, ni Junts ni la CUP, plantee otro candidato. Mientras tanto, las entidades secesionistas (ANC, Òmnium y hasta los CDR) mantienen un disciplinado silencio, que contrasta con los escraches en las sedes de los partidos que precedieron las investiduras de Puigdemont y Torra.
El 26 de marzo es la fecha límite para que en el Parlamento de Cataluña se celebre el pleno de investidura, tras las elecciones del 14 de febrero. Si en la primer votación (mayoría absoluta, es decir, 68 votos, al menos) no sale elegido un presidente, dos días después, el domingo 28 de marzo, se celebra una segunda votación, en la que es suficiente la mayoría simple. Si tras las dos votaciones, el Parlamento autonómico no ha escogido a un presidente de la Generalitat –o no se ha presentado un candidato a la investidura–, Laura Borràs, presidenta de la Cámara catalana, activa el plazo de dos meses naturales para un nuevo intento de investidura. Si transcurrido ese plazo de dos meses, la Generalitat sigue en funciones, automáticamente, el presidente en funciones, Pere Aragonès, convoca elecciones a los 54 días naturales.