Economía aprobó nuevas ayudas públicas a empresas sin la luz verde de Bruselas

Los 3.000 millones de euros para reestructurar la deuda avalada por el ICO quedan, de momento, congelados

o fue fácil ni rápido aprobar nuevas ayudas públicas para socorrer a las empresas. El Gobierno llevaba pensando varios meses, teóricamente, en cómo brindar nuevos apoyos al tejido productivo pero no ha sido hasta este mes de marzo cuando el Ejecutivo ha sacado adelante el decreto de las tan esperadas ayudas directas. Una norma en la que también se crea la ‘línea para la reestructuración de deuda financiera Covid’. Un fondo dotado con 3.000 millones de euros para actuar sobre los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Sin embargo, esta línea nace ya torcida por varias razones legales.

Ese fondo millonario está diseñado para reestructurar la deuda que han contraído las compañías con garantía pública. Es decir, solo podrán beneficiarse las empresas que hayan acudido a las líneas de aval ICO. Problemas de discriminación aparte, como denuncian en la banca sin ir más lejos, las medidas que el decreto permite son alargar el plazo de vencimiento de dichos préstamos –hasta febrero el máximo eran ocho años–, convertir ese crédito en préstamos participativos o quitas de deuda encubiertas. Encubiertas porque la norma se refiere a ellas como «transferencias a las empresas y autónomos (...) con la finalidad exclusiva de reducir el principal pendiente de las operaciones financieras».

Hace un mes, como avanzó ABC, el Gobierno pidió autorización a Bruselas para dar estas ayudas sobre la deuda con aval del ICO. Un proceso estrictamente necesario ya que se tratan de ayudas de Estado y deben recibir el visto bueno de la Comisión Europea. La sorpresa llega al comprobar que el Ejecutivo español ha aprobado y publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto de las nuevas ayudas, entre las que estas se incluyen, sin haber recibido luz verde de las instituciones comunitarias.

Se trata de una anomalía legal ya que, según las fuentes consultadas, habría de esperarse primero a recibir

NLínea de avales del Gobierno

Pymes y autónomos Operaciones / número

Financiación / millones de €

Resto de empresas ese ‘OK’, como ocurrió en noviembre cuando se ampliaron los plazos de carencia y vencimientos de los créditos ICO. En el caso actual, se ha actuado de manera bien distinta.

El 25 de febrero este periódico publicó que la Vicepresidencia de Asunto Económicos había solicitado ya la luz verde de Bruselas. Ahí las medidas todavía estaban debatiéndose en los convulsos consejos de ministros entre las ramas de PSOE y Unidas Podemos. Fuentes comunitarias se pronunciaban en los siguientes términos▶ «El 19 de febrero de 2021, la Comisión aprobó la modificación del régimen marco español de apoyo a la economía en el contexto del brote de coronavirus. Las modificaciones aprobadas sólo se referían a▶ una modificación que permite otorgar cantidades limitadas de ayuda a través de intermediarios financieros y una nueva medida para apoyar costes fijos no cubiertos de empresas afectadas por la pandemia». Y las mismas fuentes añadían▶ «Con respecto a las ayudas a empresas que han solicitado créditos ICO, la Comisión está en contacto con las autoridades españolas. La Comisión evaluará de forma prioritaria las posibles medidas nacionales de apoyo relacionadas con las consecuencias del brote. Por el momento no podemos prejuzgar el resultado de estos contactos».

Ahora, en Bruselas destacan que no ha habido cambios respecto a la autorización de este tipo de medidas. Es decir, que no se ha avalado por parte de la Comisión Europea, de momento, ningún tipo de reestructuración nueva sobre los préstamos con garantía estatal en nuestro país.

Fondo congelado

Esto tiene una consecuencia clara▶ el fondo de 3.000 millones de euros que sacó adelante el Gobierno de Pedro Sánchez quedará congelado hasta que Bruselas lo apruebe. El Ejecutivo no incumple ninguna normativa europea al sacar adelante el decreto de las nuevas ayudas públicas; sí lo haría en caso de que se decidiera empezar a aplicar las citadas medidas –quitas de deuda por ejemplo– sobre el crédito ICO. Son ayudas de Estado y el Ejecutivo se enfrentaría a una batalla legal imposible de ganar ante la Comisión Europea. En suma, ninguna empresa ni autónomo podrá benefi