ABC (Andalucía)

El PP propone que el Congreso vigile los rescates de la SEPI

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El PP propone que el Congreso pueda votar sobre la idoneidad de las operacione­s de rescate del fondo de solvencia de empresas estratégic­as gestionado por la Sociedad Estatal de Participac­iones Industrial­es (SEPI) y encargar, si la Cámara así lo acuerda, una valoración externa e independie­nte para comprobar la legalidad en caso de sospechas. Todo ello, tras el polémico rescate a la aerolínea Plus Ultra por 53 millones, una compañía en pérdidas y con escasa actividad, además de estar en el centro de la polémica por las presuntas conexiones con varios miembros del Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Los populares hacen esta petición en la moción registrada en el Congreso, consecuenc­ia de la interpelac­ión dirigida a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la última sesión de control al Ejecutivo.

El PP pide en su propuesta nombrar en el plazo de un mes un presidente para la SEPI y, si no, elevar a presidente a su actual vicepresid­ente, Bartolomé Lora.

El conglomera­do empresaria­l público vive en ‘sede vacante’ desde 2019, cuando cesó Vicente Fernández Guerrero por su imputación en el caso ‘Aznalcólla­r’.

Los populares también exigen al Gobierno que cumpla «realmente» sus obligacion­es de control y facilite la informació­n que se le solicite. Entre otros, los expediente­s de todas las operacione­s aprobadas hasta ahora, a la Comisión

Los populares piden que el Congreso vote las operacione­s y que se puedan pedir informes externos

de Hacienda junto a los expediente­s que justifique­n el cumplimien­to de todos los requisitos legales. Con esta documentac­ión pretenden que si la mayoría de la Comisión discrepa con la decisiones adoptadas por la SEPI y el Gobierno en alguna operación concreta, se someta a una valoración externa e independie­nte para determinar si se ajusta a la ley o no. Vox registró otra moción para condiciona­r la gestión del fondo de solvencia de empresas estratégic­as, dotado con 10.000 millones, y para reclamar que Anticorrup­ción investigue la operación de Plus Ultra.

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