Las empresas piden ampliar a 2022 las moratorias de créditos
El Gobierno no se ha planteado todavía prorrogar la medida, que decae en diez días
Las moratorias sobre hipotecas y créditos al consumo han dado oxígeno durante todo este año a las familias y al tejido productivo. Pero la medida está próxima a decaer. Concretamente, terminará la posibilidad de acogerse a ellas este próximo 31 de marzo, y el escenario que se puede abrir en ciertos casos podría resultar dramático, con impagos crecientes en los préstamos, con el consiguiente efecto sobre el sector bancario.
Ante esta situación, fuentes empresariales apuntan a que sería necesario ampliar tanto la moratoria legal (del Gobierno) como la sectorial (implantada voluntariamente por la banca). Y hablan específicamente de que habrían de prorrogarse mínimo un año más, para que la medida llegara a 2022. La razón de esto está en las fases de la recuperación.
Tras un 2020 con una caída histórica del PIB del 11%, todo apuna a que en el primer trimestre de este ejercicio continuará la sangría. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que la economía española caerá un 1,4% en el primer trimestre del año, en tasa intertrimestral, volviendo al terreno negativo tras haberse quedado en positivo, un 0,4%, entre octubre y diciembre de 2020. La tendencia, con las restricciones por la tercera ola del Covid-19, fue hacia abajo desde enero a raíz de una nueva explosión de los contagios. Muchas regiones optaron por imponer restricciones, con el golpe que supone para la economía. Ahora la situación sanitaria nada tiene que ver con la de la tercera ola y poco a poco se ha ido abriendo la mano. Pero las incertidumbres, como reconoce el Banco de España, todavía son demasiado elevadas.
Un local cerrado en Madrid durante la pandemia
Bajo este panorama, los empresarios no creen posible volver a la ‘normalidad económica’, esto es, dejar de contar con ayudas públicas. Y las moratorias son precisamente eso, ayudas públicas, aunque también privadas (del sector financiero), para tratar de evitar que se ahoguen las máximas compañías posibles. «Muchos empresarios y autónomos no llegarán a la recuperación en un corto periodo de tiempo. Debería prorrogarse», indican fuentes empresariales.
Asimismo, desde la CEOE reconocen
Medida condicionada
La prórroga de moratorias necesita que la EBA dé manga ancha a la banca con las provisiones
Sector financiero
Las entidades no se cierran a mantener en vigor la medida, aunque siempre con el aval de la EBA
Por lo pronto, en el Gobierno no se están planteando ampliar la moratoria legal sobre hipotecas y crédito al consumo. No es un tema que se haya abordado en la vicepresidencia de Asuntos Económicos, pero en realidad se trata de una decisión que viene muy condicionada por el extranjero. Concretamente, por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). Las moratorias, ya sean legales o voluntarias sectoriales, teóricamente, obligan a los bancos a tener que provisionar los créditos que se benefician de ellas. Cambiarlas de ‘stage’, como se dice en el argot, para empeorar la valoración de la calidad que tiene ese préstamo concreto. Sin embargo, la EBA ha dado manga ancha a las entidades desde el principio de la pandemia, es decir, que no ha forzado al sector financiero a realizar provisiones por esta medida. Lo ha ido prorrogando a lo largo de los meses y el último plazo que ha dado ha sido hasta el 31 de marzo. A partir de ahí, cualquier moratoria que se pacte con el cliente habrá de tener impacto en las cuentas del sector financiero.
No es casualidad que coincidan los plazos que da el Gobierno con los de la EBA, porque el primero ha ido a rebufo del segundo para evitar perjudicar los balances bancarios. Se trata de una medida con efectos perjudiciales si no se calcula bien para el sector financiero, con lo que en todo caso, según fuentes del gremio, habría de verse primero si la Autoridad Bancaria Europea tiene pensado ir más allá en sus plazos.
Fuentes financieras se muestran a favor de ampliar las moratorias, tanto legales como sectoriales, en pos de evitar que la morosidad dé la cara antes de tiempo. Ya que en los créditos avalados por el ICO (más de un millón de operaciones) se han ido alargando los plazos de vencimiento y carencias, y que además se han aprobado –que no aplicado aún– ayudas públicas para evitar insolvencias, en el sector creen razonable que esta actuación sobre la suspensión de los pagos de ciertos créditos se lleve a cabo. Eso sí, no bajo cualquier escenario▶ «Siempre que sea con la manga ancha de la EBA, no debería haber ningún problema».