La UE insta a Celaá a demostrar que su ley no vulnera derechos
Bruselas mantiene abiertas las peticiones de amparo contra la reforma educativa
La Unión Europea –a través de su Comisión de Peticiones– decidió ayer mantener abiertas las solicitudes de amparo en contra de la recientemente aprobada Lomloe, más conocida como ‘ley Celaá’. La presidenta de dicha comisión, Dolors Montserrat, instó además al Ministerio de Educación a que «certifique si hay algún tipo de vulneración del derecho de libertad y de pluralismo educativo». También, entre otras decisiones, se le ha pedido a las administraciones públicas españolas que digan si han cumplido con el requerimiento que hizo la Comisión Europea a España sobre la necesidad de consenso social y político a la hora de abordar la reforma educativa. Además, se ha pedido opinión sobre el asunto a la llamada Comisión Libe, es decir, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que aborda cuestiones relacionadas con los derechos humanos.
Las cinco peticiones de amparo han sido formuladas por la plataforma de la concertada, Más Plurales; la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa); la Asociación de Familias Numerosas de Madrid; la Asociación Católica
de Propagandistas y la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, formada por personas con discapacidad, familiares y docentes.
Pero, ¿qué pueden conseguir los detractores de la Lomloe recurriendo a Europa? «Hay varias opciones. Una es que se publique un informe de la Comisión de Peticiones o bien de la Comisión Libe. La segunda opción es que, tras la elaboración de este informe, o con independencia de este, la ya mencionada Comisión de Peticiones presente una propuesta de resolución en el pleno del Parlamento Europeo», explican fuentes de Bruselas. En el mejor de los escenarios, «este proceso podría derivar en una resolución del Parlamento Europeo». Sin embargo, aclaran las mismas fuentes, «dicha resolución no implicaría una derogación de la Lomloe. Aunque sí tendría una gran legitimación política y podría tener efecto en distintos sentidos. Por ejemplo, podría ser utilizada por la Comisión en negociaciones con España».
Las mismas fuentes consultadas señalan que esto no es incompatible con la respuesta que dio la Unión Europea. Rajka Lozo, del departamento de Educación y Cultura, dijo que «no se vulnera la legislación de la UE porque se trata de competencias exclusivas de los Estados miembros». En cualquier caso, solo aludió a la petición de amparo de una de las entidades, Concapa.
El castellano, desprotegido
De las cinco que piden amparo a la UE, por Más Plurales intervino ayer su portavoz, Jesús Muñoz de Priego. «La Lomloe no es la ley de consenso que pedía la Comisión Europea», aseguró. Cristina Maestre, del Grupo Parlamentario Socialista, defendió la norma y dijo que «no conculca ningún derecho fundamental». Pero fue más allá y en un mensaje dirigido directamente a Montserrat señaló que la Lomloe se discute «por discrepancias políticas y esto supone un serio precedente a esta comisión al que hay que ponerle freno. Y así se lo vamos a hacer llegar al presidente del Parlamento Europeo». Por su parte, Maite Pagazaurtundúa, de Cs, apuntó que la Lomloe «identifica la inclusión con la escolarización ordinaria y los centros de educación especial como segregadores. Es un error», espetó. Advirtió de que «la ley debilita la protección del español como lengua vehicular». La eurodiputada del PP, Isabel Benjumea, dijo que la Lomloe «atenta contra los derechos de ciudadanos europeos».
Isabel Celaá