La izquierda impone el valenciano a los funcionarios
La nueva ley da un año a la Generalitat para decidir qué nivel exigirá a cada grupo
El Pleno de las Cortes Valencianas debatirá hoy la nueva Ley de Función Pública que convertirá el valenciano en requisito para acceder a la Administración. El texto, que se aprobará con los votos a favor de los grupos que gobiernan la Generalitat –PSOE, Compromís y Unidas Podemos–, llega al hemiciclo tras años de disputa y división en el tripartito que lo han mantenido guardado en un cajón. Tal y como ya ocurre en otras comunidades con lenguas cooficiales como País Vasco, Galicia, Cataluña o Baleares, quienes quieran acceder a una plaza de funcionario deberán «acreditar la competencia lingüística en los conocimientos de valenciano», que hasta ahora solo figuraban como un mérito más.
El documento garantiza que se respetará «el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes», pero deja este punto en manos de un reglamento que el Ejecutivo autonómico tendrá que aprobar «en el plazo de un año desde la entrada en vigor» de la ley. Es decir, los socios de Gobierno se dan un año de margen para seguir debatiendo qué conocimiento del valenciano exigen a cada grupo de empleados públicos. Compromís, que tiene las competencias en materia de política lingüística y cuya consejería deberá emitir un «informe favorable» al respecto, es partidario de extender esta obligación a todo el personal público sin excepciones, pero los socialistas quisieron incluir una enmienda para eximir a los sanitarios de este requisito en caso de que hubiera necesidad de cubrir plazas. Finalmente, y para que la sangre no llegara al río, se decidió aplazar esa decisión y aprobar la ley sin especificar la letra pequeña.
Falta de consenso
Sanitarios
El texto no aclara si se implantará
el requisito lingüístico entre los profesionales
sanitarios
Los grupos de la oposición –PP, Ciudadanos y Vox– se han mostrado muy críticos con la tramitación de esta normativa que viene a reemplazar a la aprobada en 2010. Los populares –que acumularon 209 de las 379 enmiendas presentadas– derogarán la norma si llegan al poder porque aseguran que no puede compararse a la Comunidad Valenciana con otras autonomías, ya que la cuarta parte de los municipios son castellanoparlantes.
Del mismo modo, la formación naranja cree que la ley nace muerta porque tendrá que modificarse cuando la Generalitat lance su decreto de teletrabajo, una cuestión casi olvidada. Por su parte, desde el sindicato CSIF rechazan que se obligue a realizar un examen para acceder a las bolsas de trabajo o que se siga apostando por la libre designación en las jefaturas. «Se va a despreciar mucho capital humano», señalan.