La Junta pone robots a tramitar ayudas para evitar un colapso
Aprueba incentivos por 372 millones y supedita el resto de su plan a que el Gobierno «defina los requisitos»
La Junta de Andalucía utilizará robots informáticos para evitar que se forme una enorme bola con el aluvión de solicitudes de ayudas directas que espera recibir. La Consejería de Transformación económica ha contratado con urgencia 35 licencias de tecnología RPA (automatización de procesos robóticos) capaces de realizar una serie de tareas de comprobación continua durante las 24 horas los siete días de la semana. Estas máquinas emplean en torno a 20 minutos en tramitar cada expediente. Su trabajo automatizado incluye la realización de 25 tareas y consulta de bases de datos distintas para cada una de las pymes solicitantes. En 24 horas un solo robot puede despachar 72 expedientes, más de quinientos a la semana. El objetivo es ganar tiempo para evitar que los hosteleros y pequeños comerciantes golpeados por el ‘Moby Dick’ del Covid se desesperen con el cobro de los fondos.
Para la Administración también son ventajas▶ acelera los procedimientos y agiliza una inyección pública con la que pretende compensar la caída de ingresos y ayudar a estos establecimientos a seguir pagando la montaña de facturas a proveedores. «Si sacáramos todas las ayudas al mismo tiempo colapsaría el sistema, sería imposible», explicó ayer el vicepresidente de la Junta de Andalucía. Juan Marín (Cs), que anunció la compra de las máquinas para «afrontar con solvencia el elevado volumen de solicitudes» que llegarán, más de 60.000. Se completará con la contratación de 1.700 técnicos para gestionar solicitudes, como recoge el plan de estímulo económico pactado con los sindicatos y la patronal.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el primer paquete de ayudas directas que asciende a 372,2 millones de euros, la mitad de los 732,4 millones comprometidos en el acuerdo, que se financian con fondos propios de la Junta y de la UE. Entre otras subvenciones, dio luz verde a la de 505 euros al mes por trabajador destinada a las pequeñas empresas (de hasta 20 empleados) que gestionará el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Persigue que los ERTE (que concluyen el 31 de mayo) no se conviertan en ERE, en una oleada de despidos. Marín, que compareció junto al portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, calcula que con esta iniciativa se podrán salvar 145.000 empleos —que se mantendrían durante los cuatro meses de percepción de la ayuda—, pertenecientes a unas 45.000 empresas de un amplio espectro de sectores perjudicados por la pandemia. El Ejecutivo del PP y Cs también aprobó el pago único de 210 euros para más de 357.000 trabajadores en ERTE y fijos discontinuos, que cuenta con un presupuesto de 75 millones de euros. La principal novedad radica en que el beneficiario no tendrá que mover un solo papel porque la Consejería de Empleo transferirá de oficio el dinero a la cuenta corriente en la que figure en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). A estos fondos se suman otros 27,2 millones para socorrer al sector del turismo.
Sin noticias del Gobierno
Éstas son «las únicas ayudas de forma directa que podemos aprobar en este plazo», avanzó Marín. La mitad restante tendrá que esperar a que el Gobierno central mueva ficha porque «hoy por hoy sí existe riesgo» de incompatibilidad con el plan estatal de ayudas por importe de 7.000 millones aprobado por el Consejo de Ministros y cuya gestión delegará en las comunidades. Existe «un grave problema jurídico en cuanto a la compatibilidad de las ayudas» porque el Ejecutivo «no ha definido los requisitos» ni como se deben de justificar las mismas, se quejó el vicepresidente. Las empresas pueden verse «perjudicadas» por optar a unas ayudas en lugar de otras. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, situó la llegada del fondo estatal para junio o julio.