El CGPJ pide un informe con la reforma que lo maniata aprobada
Tres asociaciones judiciales emplazan a Lesmes a actuar frente al ataque del legislativo
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha encargado al Gabinete Técnico del órgano un informe para valorar el alcance de la reforma exprés que se aprobó definitivamente ayer en el Senado y que le impide hacer nombramientos mientras esté en funciones. Cuando ese informe esté listo, los vocales tienen previsto estudiarlo en un Pleno convocado para el próximo 22 de abril, según ha podido saber ABC de fuentes del Consejo. Solo tras analizarlo decidirán qué hacer.
El movimiento del Consejo se conoció poco después del comunicado difundido por tres asociaciones judiciales –todas, salvo Jueces para la Democracia– que pedían al órgano una reacción ante la limitación de sus competencias. «Instamos al CGPJ a fin de que, a la mayor brevedad, adopte las medidas oportunas y ejerza las acciones a su alcance en defensa de sus competencias y, por tanto, en defensa de la Constitución». Fuentes del Consejo señalan que la decisión de solicitar este informe jurídico estaba ya tomada antes del emplazamiento de las asociaciones.
La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco
de Vitoria y Foro Judicial Independiente señalan en su carta a la Comisión Permanente que «en una democracia real es obligación básica de los Poderes del Estado garantizar el funcionamiento de los órganos e instituciones constitucionales, en particular aquellas diseñadas para asegurar el respeto a los valores y pilares que sustentan el Estado de Derecho y actuar como contrapeso frente a cualquier intento de control o desestabilización, incluidos los que eventualmente pudieran proceder de esos mismos Poderes».
«Lejos de trabajar en este objetivo», apuntan, ayer se aprobó definitivamente por las Cortes Generales, «sin escuchar a nadie y por vía de urgencia», la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial «para impedir que el CGPJ pueda ejercer plenamente sus competencias constitucionales». Las asociaciones recuerdan que la situación que se está viviendo, con un Consejo que lleva en funciones desde diciembre de 2018, es fruto de la «incapacidad de las formaciones políticas» para renovar el órgano y que sean los jueces los que elijan a sus doce representantes en el Poder
Judicial, una reivindicación histórica de la carrera. Ahora, prosigue el texto, «trasladan las consecuencias de su incompetencia al órgano de gobierno del Poder Judicial, privándole de una de sus funciones principales y, de paso, impidiendo que pueda desarrollar su labor con normalidad y al margen de la política».
A su juicio, con esta reforma, «ya se ha conseguido lo que se pretendía▶ reducir al CGPJ a un simple órgano de gestión, asimilado a una simple dirección general, y manteniendo, eso sí, la inspección y el régimen disciplinario». «Nada de esto hubiera sucedido si, como defendemos las asociaciones judiciales firmantes, en posición asumida por el Comité de Ministros de la Unión Europe, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción) o la Comisión de Venecia, los vocales de origen judicial del CGPJ fueran elegidos directamente por los jueces», apuntan.
Las asociaciones judiciales siempre han mantenido que el cambio en la elección de los vocales de procedencia judicial contribuiría a acabar con esa imagen de politización de la justicia y de reparto de asientos que tanto deteriora a la carrera. Entienden que la reforma que limita los nombramientos es una muestra más de ese interés en controlar a un órgano que tiene entre sus funciones nombrar a la cúpula judicial española.
No especifican los firmantes a qué se refieren exactamente cuando instan al Consejo a ejercer «las acciones a su alcance en defensa de sus competencias», pero fuentes de las propias asociaciones hablan del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (TJUE). No es la primera vez que este asunto está sobre la mesa del CGPJ. Como informó ABC ya en diciembre el Pleno del órgano abordó la posibilidad de llevar a Europa esta ofensiva del legislativo pero triunfó la propuesta más cauta▶ la de pedir primero al Congreso que les escuchara antes de abordar esta reforma. No sólo la Mesa decidió que no era necesario, sino que lo vio como una extralimitación del Consejo en la autonomía legislativa y siguió adelante con el plan que remató ayer.
Agotar todas las vías
El CGPJ tiene legitimidad para dirigirse al TC o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea