El Gobierno blinda a Sánchez y Ábalos en la crisis Plus Ultra
Calvo y Calviño salen al paso, pero el presidente y el ministro guardan silencio
y, de hecho, Calviño optó por ponerse la venda antes de la herida. En su discurso reconoció «ser consciente» de que otros sectores aparte de los directamente beneficiados por el decreto «están pasándolo mal», pero se escudó en «criterios objetivos» del impacto de la pandemia. Entre la oposición, una de las palabras que más se escucharon en la Cámara Baja fue «responsabilidad», a la que se agarraron muchos grupos para justificar su abstención y hasta su apoyo.
Desde las filas populares, la diputada Elvira Rodríguez defendió que votaban abstención por «responsabilidad» a pesar del «retraso» del decreto, que «deja fuera a muchos sectores» y que establece un «trámite complejo» para que las comunidades canalicen las ayudas. «Únicamente 95 de las 538 ramas de actividad podrán recibir ayudas directas▶ 355.713 empresas de 2,2 millones y uno de cada tres autónomos», se lamentó.
Muy duro se mostró el PNV. Su diputada Idoia Sagastizábal afeó al Ejecutivo su falta de negociación y su estrategia de colocar a los grupos ante «la disyuntiva del todo o nada». Otro de los grandes apoyos parlamentarios del Gobierno, ERC, le afeó tanto los tiempos como el fondo de la norma, aunque también ha tirado de «responsabilidad» para argumentar su ‘sí’. «Llega tarde y mal», dijo el diputado Joan Capdevila, que destacó que la norma se aprueba un año después de que estallara la crisis y tras «presiones por todos los lados».
El Gobierno sigue con su política de pormenorizar el peso del rescate de la aerolínea Plus Ultra, la compañía vinculada al chavismo que fue rescatada con 53 millones de euros del Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas de la SEPI. Primero fue Montero con su «es española, relevante y estratégica»; más tarde, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, salía al paso al asegurar «que todos los rescates a aerolíneas son necesarios»; y ahora la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, han acudido al rescate de Sánchez y Ábalos, mientras estos continúan en silencio.
Porque la polémica no se frena y el Gobierno continúa capeando un temporal cada vez más asediante. A saber, mientras Ábalos negaba cualquier vínculo del Ministerio de Transportes con el rescate a Plus Ultra, el lunes el diario ‘El País’ adelantaba que la SEPI tuvo en cuenta un informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a la hora de conceder los préstamos a la aerolínea. Una entidad que depende de la cartera del propio Ábalos.
«No tiene nada que ver con la SEPI, AESA solo puede emitir informes de seguridad», achicaba ayer Calvo en una entrevista en Radio Nacional de España. Una afirmación que, aunque cierta, contradice las palabras del propio ministro de Transportes. «Alguien ha querido abrir un debate que no existe, estamos rescatando a empresas viables», argumentaba la vicepresidenta.
También Calviño salió en defensa del Ejecutivo ayer al apostillar que «no se puede demonizar» a una compañía que cumple con todos los requisitos para recibir los 53 millones. Además, aprovechó para replicar a Garicano sobre la carta que el eurodiputado de Ciudadanos remitió a Bruselas para pedir que se investigue el rescate del Gobierno español a la aerolínea al invitarle «a leer el expediente» con el que el Ejecutivo ha decidido conceder las ayudas a Plus Ultra.
La polémica sigue en el candelero, con miles de autónomos y pequeñas y medianas empresas quedando fuera de los 7.000 millones de euros de ayudas directas aprobados en un real decreto ley la semana pasada. Porque mientras a estos se les pide haber registrado un balance positivo en el año anterior a la pandemia, a Plus Ultra se le rescata con pérdidas superiores a los dos millones de euros y ningún ejercicio con beneficios en sus nueve años de historia.
En ese marco, el líder del PP, Pablo Casado, pidió ayer al Partido Popular Europeo (PPE) que efectúe un control de los fondos europeos para «eludir escándalos como el de Plus Ultra». «Hay que evitar anuncios de proyectos a dedo y rescates a empresas sin cumplir la normativa», detalló Casado en la red social Twitter, tras una reunión telemática con sus compañeros en Bruselas.
Razones políticas
Calvo sobre Plus Ultra «El debate no existe, estamos rescatando a empresas
viables»
Porque las sospechas de la oposición de que el rescate ha sido más por razones políticas y ‘amiguismos’ que por un sentido estratégico para la economía española continúan en pie. Los lazos entre la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez –con quien Ábalos se reunió en Barajas en enero de 2020– y la compañía Plus Ultra son evidentes. Como ya informó este periódico y adelantó ‘Vozpópuli’, el enlace entre la segunda de Maduro (Camilo Ibrahim Issa) y tres de los accionistas de Snip Aviation, sociedad que más participaciones poseé en Plus Ultra, se muestra patente en el registro mercantil.
Así, Rodolfo Reyes Rojas, El Arigie Harbie y Roselli Mieles figuran junto a Issa en hasta dos sociedades con domicilio social en la antigua sede de la compañía Plus Ultra.
Snip Aviation entró en el accionariado de la aerolínea rescatada en 2017, un año antes de que la compañía empezara a operar la ruta Madrid-Caracas (muy pocas compañías tienen autorizadas las operaciones comerciales en Venezuela) y meses antes de que se produjera la llegada de un sospechoso préstamo participativo desde Panamá, país en la lista negra de paraísos fiscales para la Unión Europea. Una participación que, según la auditora de sus cuentas, evita la causa de disolución de la empresa que, a 31 de enero de 2020, contaba con un fondo de maniobra negativo de 5.753.638 euros y un patrimonio neto de 5.841.512,99 euros.