Mientras en Cataluña se gesta un nuevo golpe, el Ejecutivo dedica sus esfuerzos a la ofensiva contra Ayuso

NO es posible encontrar en toda la geografía planetaria un sindiós semejante al que se produce en España, donde el Gobierno de la nación lleva meses en guerra contra la comunidad que alberga su capital y tira del resto del país en calidad de locomotora económica. Madrid no es ya solo la presa codiciada por una izquierda incapaz de ganarla en buena lid en las urnas; se ha convertido en una obsesión a la que se supedita desde la política sanitaria hasta la de ayudas a los sectores más castigados por el Covid, sin olvidar la fiscalidad o la educación. Madrid es el bastión de la libertad, el mérito, el esfuerzo y la excelencia, incompatibles con el modelo de igualación a la baja que pretende imponernos Frankenstein. Madrid es, de lejos, la autonomía más solidaria de cuantas integran el Estado, en coherencia con su incuestionable lealtad a la Constitución. Y Madrid se caracteriza también por abrir los brazos a todos los españoles deseosos de probar aquí fortuna, lo que choca frontalmente con el supremacismo que constituye el santo y seña de los socios en los que se apoyan el PSOE y Podemos para ocupar La Moncloa. Por eso el Ejecutivo el pleno dedica sus mejores esfuerzos a la ofensiva desatada contra Isabel Díaz Ayuso.

En Barcelona se está gestando una nueva intentona golpista a cargo de los independentistas llamados a formar gobierno. Lo proclaman a los cuatro vientos sus líderes, cuya única discrepancia estriba en cómo se reparten el dinero destinado a sufragarla, y abre boca la presidenta de su Parlamento, saltándose la legalidad al permitir votar a un fugado. En vista de lo cual, la ministra de Hacienda anuncia que premiará a Cataluña con 300 millones más de ayudas que a la Comunidad de Madrid, a la que obligará a subir los impuestos por ser la única que resiste al descalabro del PIB nacional. Valencia se une al club de los excluyentes e impone el valenciano en sus oposiciones a la función pública, expulsando de ellas al resto de los españoles. Sigue así los pasos de la muy ‘educada’ Celaá, célebre por proscribir la lengua española de la ley que lleva su nombre y mofarse en el Congreso de un diputado popular que defendía la utilidad de los centros de educación especial apelando al ejemplo de su propia hija, Andrea, con síndrome de Down. En Murcia unos tránsfugas de Ciudadanos entregan el consistorio a los socialistas, con el apoyo de los morados, pero el hasta ayer vicepresidente Iglesias, hoy candidato a la derrota, acusa de comprar votos al PP. La titular de Igualdad hace el ridículo diciendo que la suya no es una ciudad segura para las mujeres, y la de Sanidad, cuyo fracaso con las vacunas es clamoroso, urde planes para obligar a cerrar a la hostelería radicada en la capital, coincidiendo con el arranque de la campaña electoral. Creen que atacan a Madrid, pero a quien hunden es a España.