La Junta tiene más de 300 pisos sociales okupados

∑Tramita su desalojo para procurar un hogar a familias en riesgo de exclusión ∑La Policía desarticuló un clan de narcos que se había apoderado de 18 viviendas

El drama de la okupación no sólo afecta a domicilios privados. La Junta de Andalucía contabiliza 3.677 viviendas de su propiedad en situación irregular, en su mayoría por cambios de titularidad por diferentes causas. De esas, 316 estaban a finales de 2020 pendientes de desalojo porque han caído en manos de okupas. Son casas que están destinadas en realidad a familias en exclusión social —madres con hijos a su cargo que huyeron del maltrato o ancianos con pensiones mínimas que sólo pueden permitirse un alquiler social en un domicilio público— pero que han caído en las manos de quienes dan una patada en la puerta y usurpan una vivienda que no les corresponde.

Estos colectivos vulnerables que se quedan sin casa por los okupas son las otras víctimas de los clanes que se quedan con casas ajenas. Esas madres o ancianos no son propietarios de segundas residencias, ni con varios pisos en sociedad, ni bancos ni administraciones públicas, pero sufren de cerca los efectos de la okupación, práctica que puede acabar amparada por el Gobierno de PSOE y Podemos en su guerra contra los desahucios.

Ellos son sólo víctimas que piden ayuda a la Administración para subsistir. Es el caso del expediente sobre un piso social en el barrio de La Trinidad en Málaga, uno de los epicentros del problema en Andalucía en lo que va de año. Allí, la Junta entregó una vivienda de un dormitorio en 2012 a una mujer procedente del núcleo marginal de Los Asperones. Esta inquilina la traspasó a un tercero. Los vecinos denunciaron a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) la entrada en 2015 de una familia a la que la adjudicataria se la habría «vendido».

En 2017 se puso en marcha el expediente de desahucio y, al notificarlo, comenzaron las quejas por escándalos y alteración de la convivencia. Finalmente, antes de que se resolviera el expediente, los moradores abandonaron la vivienda y se metieron sin permiso en un bajo del mismo bloque, vacío tras fallecer su titular. El piso de la Junta lo «cedieron» a un hermano del varón con su familia. «Todas estas transacciones, ventas o alquileres son fuera de la ley», señalan desde la agencia andaluza. No es el único ejemplo en el barrio.

La Policía Nacional devolvió el pasado enero 18 pisos okupados a la AVRA. Fue tras una operación antidroga contra un grupo organizado que se apoderaba de estos inmuebles para convertirlos en «narcopisos». Las viviendas eran utilizadas por un clan del barrio para logística de la organización, depósito y venta de drogas, así como para habilitar espacios para el consumo de estupefacientes a los drogodependientes.

Mercado ilegal Hay casos en que quienes se meten ilegalmente en los pisos luego los «venden» a un tercero al irse

Dinero público La Junta tuvo que

gastar 12.000 euros en arregar una vivienda destrozada por okupas en Almería

Varios bloques

Es una actividad antigua. El mismo tipo de organización criminal fue detenida en los pisos públicos de la Junta en Las Albarizas de Marbella en 2018. Parecida también a la que estaba detrás de las incursiones en el barrio popularmente conocido como «La Cárcel» de Vera (Almería). Allí fue el propio Consistorio, a instancias de los vecinos, el que denunció ante la Junta de Andalucía en agosto de 2020 la okupación completa de cuatro bloques de pisos de la AVRA.

En todos estos lugares se han producido quejas por los problemas generados y la degradación de la zona, puesto que estas mafias de la ‘okupación’ suelen recurrir a todo tipo de malas artes para instalarse. Llegaron a amenazar a la familia de un testigo en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Málaga para evitar que declarase ante el tribunal. Ocurrió la semana pasada con miembros de un clan dedicado a estos menesteres en La Trinidad y que ya tenían un pleito abierto con esta familia por amenazas.

Tiran excrementos, basuras, coaccionan y, hasta destrozan la propiedad del que les planta cara. Pese a ello, hay quien se atreve a enfrentarse a estos individuos que querían apropiarse de una vivienda pública destinada por el Ayuntamiento a una madre con hijos en riesgo de exclusión. Eso es lo que hicieron vecinos del barrio de La Merced en Jaén hace dos semanas, que pararon esa incursión, pero lamentan que haya pisos ocupados de bancos o de la

Junta que no son desalojados de forma inmediata y se convierten en un foco de delincuencia. Para controlar, la Junta dispone de una red de verificadores en cada provincia, que realiza periódicamente visitas a las 49.383 viviendas de toda la región, que ha detectado irregularidades en 3.677 casas y han abierto expediente a las 316 ya mencionadas.

En el caso de encontrar indicios de un uso inadecuado del inmueble, se inicia un procedimiento jurídico para recuperar la posesión o se acude a la