La Consejería de Fomento asesora a los dueños víctimas
Un organismo autonómico ofrece ayuda a los afectados por casas okupadas
La Junta de Andalucía presenta casos de pisos destrozados por los okupas antes de marcharse. Es lo que ocurrió en el piso de La Trinidad que la anciana de Los Asperones «vendió». Otro ejemplo está en Sevilla, en un piso social de Polígono Sur donde en una verificación rutinaria se constató que vivían de forma ilegal dos jóvenes de 19 y 17 años con una hija de seis meses. La madre tenía domicilio en otro lugar. La Junta de Andalucía tuvo que invertir 12.000 euros en acondicionarlo para poder volver a entregarlo a un usuario de los servicios sociales después del desalojo.
El Gobierno andaluz tiene declarada la guerra a la okupación con un plan de lucha contra estas entradas ilegales en domicilios y para la protección de las viviendas afectadas en la región. El objetivo es atender a las personas que tengan su vivienda okupada, que en multitud de ocasiones desconocen cómo hacer frente al problema. Una actitud que contrasta con la del Gobierno central de PSOE y Podemos, que por medio de modificaciones legislativas busca evitar los desalojos con una legislación que corre el riesgo de amparar esta práctica ilegal. Una circunstancia que ha generado un notable enojo en numerosos sectores.
El Sistema andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de desahucios (SAID), dependiente de la la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, ofrece información personalizada para las víctimas de los okupas. Se ideó para dar servicio a los casi 1.200 casos que había detectados en la región a finales de 2020. La Junta calcula que se producen unas siete entradas ilegales en viviendas al día.
Atención personalizada
El afectado recibe atención personalizada en las oficinas habilitadas por la Secretaría General de Vivienda. Allí se valoran los hechos y se orienta a la víctima. También informan de las diferentes vías para lograr el desalojo. Esto, sin el menoscabo de derechos a las personas que se encuentren en riesgo de perder su vivienda por desahucio.
Guía de información
Hay una guía de información para el personal de las delegaciones territoriales de la Junta. Pese a que la normativa reguladora es estatal, se proporciona a los afectados información sobre los derechos que les asisten y las posibilidades u organismos para reclamar su propiedad. La Junta constituye un grupo de trabajo para coordinar las iniciativas en esta materia.
Asesoramiento jurídico
La Consejería de Justicia es clave como interlocutora ante los órganos judiciales, para comunicar los casos de ocupaciones ilegales, promover acciones formativas a los colectivos de jueces y fiscales y aplicar la Instrucción de la Fiscalía General del Estado. Además, la asistencia jurídica a los afectados se estima mediante un convenio con los colegios de abogados.
Ayuda a denunciar
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son esenciales para actuar en las primeras horas de las ocupaciones a la hora de recuperar una propiedad. Así, a través de la Consejería de Interior, se coordinan las acciones con los agentes para poder acometer el problema de la forma más rápida y eficaz.