La nueva ley de Carmen Calvo, a la espera de dos informes

La nueva ley de memoria histórica es uno de los objetivos que se marcó el Gobierno para la primera mitad del año. El proceso lleva meses en marcha y afronta su fase final una vez que ya se han superado los trámites de consulta y audiencia pública para que los ciudadanos y asociaciones afectadas hicieran sus aportaciones. No obstante, hay dos informes que marcarán los plazos de cuándo el Ejecutivo podrá llevar al Parlamento este nuevo texto normativo.

Antes de que el texto vuelva a Moncloa a por el último visto bueno del Consejo de Ministros y acto seguido ponga rumbo al Congreso de los Diputados, es necesario que el gabinete de Carmen Calvo analice los dictámenes formulados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal. El Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,

que dirige la vicepresidenta primera, ha adelantado que a lo largo del procedimiento tenía previsto solicitar sendos informes antes de dar carpetazo a la redacción de la ley.

Durante meses, sin embargo, el Gobierno ha dilatado este trámite retrasando la solicitud de ambos dictámenes. En la página 8 de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, el dosier con el que el ministerio debe justificar la pertinencia de la ley y los costes de todo tipo –económicos, legales, sociales…– que están vinculados a la misma, el gabinete de Calvo detalló que solicitarían dos informes, tanto al CGPJ como al Consejo Fiscal aplicando las premisas que establece la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que regula el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos, en su artículo 26.

Este epígrafe da carta blanca a la Administración para que «a lo largo del procedimiento de elaboración de la norma, el centro directivo competente recabe, además de los informes y dictámenes que resulten preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto».

Esta norma, sin embargo, también permite que el Gobierno juegue con los plazos a la hora de tramitar anteproyectos normativos como este. El texto que regula su elaboración únicamente establece la obligación de que los informes que se vayan a solicitar, estén