Un mes para contestar
correspondientes» de que altos cargos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno podían asesorar y acompañar a Illa como candidato del PSC al mismo tiempo que seguían manteniendo sus funciones oficiales. Se da la circunstancia, además, de que el PSOE de Pedro Sánchez y el PSC de Salvador Illa son dos partidos distintos. El segundo es una formación de ámbito catalán que se encuentra asociada a Ferraz pero tienen estructuras orgánicas independientes.
¿Hubo cobros?
Esta diferenciación no solo entre esfera pública y privada sino entre formaciones abre una segunda derivada, la retributiva. Es decir, si Redondo y su equipo percibieron algún tipo de compensación o hicieron la campaña gratis al PSC. Para esclarecerlo, y dado que los gastos electorales han de ser públicos y están bajo la supervisión del Tribunal de Cuentas, los populares reclaman conocer «qué retribuciones en metálico o en especie» recibieron Redondo, Bolaños, Salazar, así como el «resto de miembros del equipo del Gabinete de la Presidencia del Gobierno que han ayudado durante la precampaña y campaña electoral» catalana.
En línea con ello, solicitan copia de «todos los pagos» realizados por el PSOE, el PSC y sus organizaciones afines tanto en metálico como en especie durante ambos periodos, así como el informe realizado por los Servicios de Intervención de la Presidencia del Gobierno «para poder autorizar la recepción de esos pagos». En el caso de que estos partidos
Presidencia dispone de treinta días como máximo para resolver las solicitudes del PP. De manera excepcional, Moncloa podría alegar que el volumen de la información requerida es muy elevado o que la materia es muy compleja para ampliar el plazo de contestación a un segundo mes, notificándoselo previamente al PP. Si el plazo concluye sin respuesta, las solicitudes quedarían desestimadas pero el Gobierno tendría que afrontar la factura política por ocultar las labores, agenda y retribuciones de los colaboradores más cercanos a Pedro Sánchez. Una opacidad que elevaría aún más las sospechas sobre la posible irregularidad de su participación en la campaña del 14-F. Si Moncloa deniega la información requerida o solo responde de forma parcial, deberá motivar el porqué y su resolución podrá ser recurrida por los populares tanto ante los tribunales como ante el Consejo de Transparencia. no hubieran retribuido a Redondo y su equipo, los populares temen la entrega de dietas públicas. Por ello, exigen copia de «las nóminas completas» de enero y febrero de «todos los altos cargos» de Presidencia «con todos los conceptos incluidos y detallados», así como de «todos los informes de Intervención que justifiquen el pago de todos los importes detallados» y de «todos los documentos que justifiquen el cobro de cualquier tipo de dieta o cantidad extraordinaria».
Hoteles y viajes
Los traslados del equipo de Sánchez a Cataluña y sus pernoctaciones componen el último flanco de ataque del PP, que reclama acceso a la lista de altos cargos que se desplazaron, fechas de cada visita, medios de transporte utilizados, coste de los viajes, noches de hotel y su coste. Capítulo específico merece el hospedaje de Redondo y Salazar por su continuidad en la campaña de Illa. Los populares consideran que debe hacerse público si «utilizaron dependencias oficiales de la Delegación del Gobierno en Cataluña u otras de carácter también público (civiles o militares)» y, en ese caso, quién cursó las autorizaciones y durante qué fechas.