La CEOE dará la batalla para levantar el veto al despido y quiere ERTE hasta diciembre
∑Peleará para que empresas con problemas de solvencia puedan ajustar plantillas sin ser penalizadas ∑La patronal quiere dar prioridad al diálogo para una nueva prórroga ante un verano cargado de incertidumbre
Casi 800.000 trabajadores siguen bajo el paraguas de los ERTE. Esta protección decaerá el próximo 31 de mayo si no se produce una nueva prórroga, que se antoja clave para la economía española, azotada por una cuarta ola de la pandemia que amenaza con recrudecer la crisis. Con una campaña de Semana Santa sin oxígeno y un verano incierto por la lentitud de las vacunaciones, los empresarios quieren negociar, de forma inmediata, una nueva prórroga de esta herramienta para proteger el empleo, además de ampliar el abanico para que más autónomos afectados por el Covid puedan cobrar ayudas públicas, que a finales de marzo percibían 470.000 de ellos.
«Ya se tendría que estar negociando una prórroga como prioritario para que los empresarios puedan planificar el futuro para una recuperación que se espera lenta, gradual y suave», dijo ayer Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE. Recordó que la pandemia ha causado ya unas pérdidas empresariales de 287.000 millones, unos 70.000 solo en el colectivo de los autónomos y que la clave de la recuperación será la vacunación en un contexto en el que España ha ido «siempre detrás de los acontecimientos».
Con este escenario de fondo la clase empresarial comienza a hacer fuerza para abrir ya uno de los acuerdos más importantes para el devenir del mercado laboral español con el objetivo puesto en ampliar este esquema de protección hasta final de año. Pero no se antoja fácil. La CEOE volverá a poner sobre la mesa la que probablemente ha sido hasta ahora la mayor línea roja del Gobierno▶ levantar el veto al despido. Aseguran desde la sede de Diego de León 50 que la situación no ha cambiado sustancialmente desde el inicio de la pandemia y que flexibilizar las extinciones por Covid es clave para garantizar la supervivencia de muchas empresas con graves problemas de solvencia.
La denominada «cláusula de salvaguarda del empleo» obliga a las empresas a mantener intactas sus plantillas al menos durante medio año tras haber reanudado la actividad y penaliza a las que despidan con la devolución de todas las exoneraciones de cotizaciones disfrutadas durante el ERTE. El Ejecutivo entiende que las empresas deben cumplir ese compromiso de mantenimiento del empleo por las ayudas percibidas, pero los empresarios creen que es una medida desproporcionada y volverán a dar la batalla para suavizarla.
La organización empresarial reclama, como hizo en anteriores ocasiones, que se permita la devolución únicamente de las ayudas recibidas por el trabajador que sea despedido y no por toda la plantilla afectada por el ERTE, como ocurre en la actualidad. Una batalla en la que la patronal ha tenido de su lado al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. «Hay muchas empresas y autónomos con problemas. Un despido puede facilitar el mantenimiento de dos o tres empleos», advirtió De Cos en el Senado.
Desde el Gobierno los mensajes sobre la prórroga de los ERTE han tenido sus matices según quién se pronunciara. La nueva vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido siempre clara y dispuesta a ampliar la protección al empleo «mientras sea necesario». Pero rechaza de plano, en línea con los sindicatos, cualquier medida que facilite las extinciones por la pandemia. Trabajo recuerda que actualmente ya se excluye de la obligación de cumplir este compromiso de mantenimiento de empleo a las empresas que se encuentren en riesgo de entrar en concurso de acreedores. Y se especifica que no es necesario que la empresa llegue a solicitarlo sino que solo el hecho de mantener el empleo durante esos seis meses las ponga en una situación de riesgo económico.
Los empresarios, no obstante, aseguran que medir este riesgo es una tarea muy subjetiva que en la práctica no está funcionando.
Incorporar trabajadores
Ayer, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, también dio algunas claves de por dónde quiere el Ejecutivo que transcurra el diálogo. Explicó que la nueva prórroga más allá del 31 de mayo debería centrarse en favorecer «la reincorporación de los trabajadores». «Lo que tenemos que hacer es ajustar los parámetros para estimular la reactivación, para favorecer la reincorporación de los trabajadores», apuntó en RNE. Eso sí, Calviño coincide con los empresarios en que es urgente empezar a trabajar con los agentes sociales