El presidente de los hoteleros es condenado por fraude fiscal
El dirigente de las patronales Cehat y Ashotel pone a disposición sus cargos
El presidente de la patronal hotelera española Cehat y de Ashotel, Jorge Marichal, puso ayer sus cargos a disposición tras ser condenado a dos años de prisión y a una multa de 585.896 euros por un delito contra la Hacienda Pública. Concretamente, por eludir el pago de 292.948,86 euros procedente de la venta de nueve apartamentos, que no se declararon en el impuesto sobre Sociedades.
En los detalles de la sentencia publicada ayer por el diario de Las Palmas ‘La Provincia’, se recoge también que Marichal no podrá optar a subvenciones o ayudas públicas ni tampoco al disfrute de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social en los próximos tres años. Eso sí, Marichal ha asegurado que no afectará al proyecto de Canarian Aiways, la aerolínea fundada este año por los hoteleros de Tenerife, ya que «no hemos pedido ninguna subvención».
«No hubo intención»
La sentencia cogió por sorpresa al propio presidente hotelero, que insistió en que en ningún momento tuvo intención de defraudar a Hacienda. En un comunicado difundido a los medios de comunicación, Marichal defendió su inocencia. «El litigio se basa en una disparidad de criterios entre la Inspección de Hacienda y mis asesores fiscales, que no comparten el punto de vista sobre el devengo y consecuencias del pago aplazado de una operación puntual que realizó una empresa de la que soy partícipe y administrador mancomunado», se defendió en dicho documento. En este sentido, además recordó que los hechos se remontan a 2005 cuando a través de la sociedad Marmón Atlantis SL compró un inmueble para posteriormente rehabilitarlo y generar nueve apartamentos para su venta. Unas viviendas que, posteriormente, se vendieron tras finalizar la obra en 2009 por 1,49 millones de euros a una sociedad vinculada, según explica el propio Marichal.
El presidente de la patronal hotelera concluye en el mismo documento que acata y cumplirá la decisión judicial, pero no la comparte, ya que, en sus palabras, este es «un claro supuesto de disparidad de criterios en la aplicación de la norma fiscal, sin que obviamente haya existido dolo ni intencionalidad». Y recordó que está pendiente de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.