Fernández de Moya, exonerado del delito de cohecho
El exsecretario de Estado se sienta en el banquillo junto a otros siete imputados
«El daño personal de esta cacería política es irreparable». La frase la ha pronunciado José Enrique Fernández de Moya, exsecretario de Estado de Hacienda y exalcalde de Jaén, durante un receso del juicio del caso Mantinsreg, por el que el PSOE pide cárcel para el exdirigente popular mientras que la fiscalía no ha advertido comisión de delitos en el proceder del exregidor, aunque sí en el de otros siete encausados, entre ellos dos exconcejales del PP.
El encausamiento supuso el fin de la carrera política de quien fuera presidente provincial del PP y número dos de Cristóbal Montoro en el ministerio de Hacienda, así como alcalde de Jaén durante la época investigada por el juez de instrucción que le incluyó en la lista de imputados tras una denuncia interpuesta por el PSOE, formación a la que ha calificado de «miserable» por cuestionar su «honorabilidad, integridad y honradez».
El ministerio público ha solicitado con éxito a la sección tercera de la Audiencia de Jaén la retirada de la acusación de cohecho, toda vez que la comisión de este delito no se plantea en el auto de transformación de procedimiento abreviado. Esta circunstancia limita la acusación del PSOE a otros dos presuntos delitos (prevaricación y malversación continuada), por los que pide para Fernández de Moya una pena de 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación absoluta para desempeñar un cargo público.
José Enrique Fernández de Moya se ha mostrado satisfecho por la decisión del tribunal colegiado. Y también optimista respecto al juicio, ya que asegura que su relación con el caso Mantinsreg, en cuyo marco la justicia investiga presuntos pagos fraudulentos por casi cinco millones de euros a la empresa concesionaria del mantenimiento de las fuentes públicas de Jaén, se limitó a levantar reparos, procedimiento que estaba avalado, según ha aclarado, por un informe de la secretaría general del Ayuntamiento.
En este sentido, Fernández de Moya ha recalcado que los reparos presentados por la intervención respecto a Matinsreg no se refieren a la facturación, sino únicamente al procedimiento, que estaba validado por el secretario general del Ayuntamiento y que, además, el propio interventor considera que es una fórmula de uso común en las administraciones públicas. Como quedará demostrado, añadió, cuando la exalcaldesa del PSOE Carmen Peñalver preste declaración a instancia de la defensa.
El juicio, que se prolongará previsiblemente durante tres semanas, se aplazó apenas dos horas después de iniciarse, en la fase de las cuestiones previas, al pedir el abogado de José Enrique Fernández de Moya la retirada del Ayuntamiento como acusación particular, dado que no aportó la certificación del acuerdo plenario de personación. El tribunal ha dado un plazo al Consistorio para que aporte el documento que expira a las 9 horas del 6 de marzo.
Mantenimiento La justicia investiga presuntos pagos fraudulentos por casi cinco millones
de euros
Del PP
La fiscalía sí advierte comisión de delitos en los otros imputados, dos, ex concejales
del PP
En plazo
Si el Ayuntamiento no presenta esta prueba en el plazo previsto cabe la posibilidad de que la sala ordene la retirada del Consistorio de la causa, lo que dejaría previsiblemente sin efecto su petición de condena para el conjunto de los imputados contra lo que se ha personado la Administración local. En ese caso, quedaría únicamente el PSOE como acusación contra el exalcalde de Jaén y el resto de encausados.
Por ahora, siguen todos imputados, a pesar de que la defensa de Fernández de Moya ha intentado que la sala determinara que no ha lugar a su presencia en el banquillo, dado que el fiscal no le acusa, a diferencia de lo que ocurre con otros siete de los imputados, para los que el ministerio público pide penas de prisión. En concreto, 9 años de cárcel para los exconcejales Miguel Ángel García Anguita y Manuel del Moral, y para un técnico del Ayuntamiento. Para otros tres encausados solicita 7 años de cárcel y 6 para otra persona imputada el fiscal, que pide a la Audiencia que condene al conjunto de los acusados a pagar al Ayuntamiento una indemnización de 4,9 millones de euros.