Biden abre una vía para lograr la mayoría demócrata en el Supremo
Una comisión estudiará ampliar su composición y limitar mandatos, lo que podría acabar con el control conservador
Está integrado por nueve jueces y su cargo es vitalicio. Los elige el presidente y los confirma el Senado. En la
elec-¿ Joe Biden anunció ayer la creación de actualidad, seis fueron
una comisión sobre el asunto de mayor elegidos por presidentes sensibilidad política en EE.UU.▶ la republicanos, frente a tres
reforma del Tribunal Supremo, incluyendo nominados por demócratas. la ampliación en el número de jueces y la duración de sus cargos. Es una decisión que agitará al Alto Tribunal Rebajar la mayoría y al clima político de EE.UU., ya conservadora y que se
polarizado al extremo, pero que Biden alargará muchos años con la
se comprometió a tomar, casi a regañadientes, inclusión de más jueces en el durante la campaña tribunal, todos nombrados
toral que le llevó a la Casa Blanca. por un presidente demócrata.
Todo lo desencadenó la muerte de la juez Ruth Bader Ginsburg, el bastión progresista del Supremo, en septiembre del año pasado, a mes y medio de la cita con las urnas. Los republicanos aprovecharon la mayoría que entonces gozaban en el Senado para impulsar un recambio exprés de la magistrada y colocar a una jueza nominada por Trump, Amy Coney Barrett. Cuatro años antes, tomaron el camino contrario para bloquear durante meses a un juez nominado por Barack Obama y esperar a las elecciones de 2016, las que ganó Trump, para colocar a un juez conservador.
Sectores amplios del partido demócrata fueron muy críticos con la doble vara de medir que usaron los republicanos y que consiguió reforzar la línea conservadora del tribunal, que en la actualidad es de seis jueces conservadores frente a tres progresistas. La respuesta de muchos fue ‘Pack the court’, ‘llenad el tribunal’, es decir▶ ganar las elecciones presidenciales, recuperar la mayoría en el Senado y utilizarlos para ampliar el número de jueces y dar la vuelta a la línea ideológica del tribunal.
El asunto ponía a Biden entre la espada y la pared. No podía asustar al electorado moderado que necesitaba para ganar la elección ni llevar la contraria a las corrientes izquierdistas de su partido. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, trató de esquivar el asunto todo lo que pudo hasta llegar a una solución que solo era una patada adelante▶ la creación de una comisión de estudio.
Promesa electoral
Ahora cumple esa promesa hecha en campaña, pero da señales de que no busca cambios radicales en el Supremo. La comisión, establecida por decreto presidencial, no culminará con una serie de recomendaciones específicas al presidente, sino con un análisis sobre los posibles cambios que podrían producirse. Este mecanismo es decepcionante para las corrientes izquierdistas, que buscaban una alteración rápida del tribunal para aprovechar el poder que tienen ahora los demócratas en la Casa Blanca y en el Senado, antes de que corran riesgo. El año que viene se renueva un tercio de la cámara alta y la exigua mayoría demócrata podría desaparecer.
La comisión durará seis meses, estará compuesta por 36 expertos juristas de diversa procedencia ideológica y ofrecerá sus conclusiones en octubre. Entre los asuntos que tratará están las necesidades de reforma del tribunal, el número de miembros que lo integran, la duración del cargo y el proceso de selección de casos.
El anuncio de la comisión viene calentado por las declaraciones de uno de los jueces progresistas del Supremo, Stephen Breyer, que aseguró que un intento de ampliar el número de magistrados tendrá como resultado la «erosión de la confianza» en el organismo.
Jacques Delors decía que no todos los alemanes creen en Dios, pero sí en el Bundesbank. Habría que añadir a este consenso popular al Tribunal Constitucional, responsable en el plano jurídico de la enorme historia de éxito de la República Federal Alemana. Pero desde la ratificación del Tratado de Lisboa en 2009, el alto tribunal se ha empeñado en poner palos en las ruedas de la integración europea sin una argumentación del todo comprensible.
Lejos quedan los tiempos en los que los admirados jueces de Karslruhe ayudaban a construir la doctrina comunitaria de protección de derechos fundamentales o advertía con acierto sobre la necesidad democratizar las instituciones europeas y encontrar límites materiales a los poderes de Bruselas. El 26 de marzo pasado el tribunal constitucional frenó en seco la entrada en vigor de la legislación nacional que permite la puesta en marcha del fondo de recuperación. Se propuso comprobar antes la compatibilidad con el Derecho europeo y el alemán de su novedoso sistema de financiación, con deuda emitida por la Comisión, una reclamación de un puñado de euro-escépticos bien organizados. Lo más previsible es que acabe dando luz verde al fondo y no se atreva a ir tan lejos como en mayo de 2020, cuando en una de sus peores sentencias no reconoció el principio de primacía del Derecho europeo ni la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE.
El nuevo desacierto judicial alemán causaría de todos modos un retraso serio –entre seis meses y un año– en la utilización del fondo, un instrumento esencial para muchos países. Uno de los mejores juristas de la UE, Jean-Claude Piris, explica que lo mejor que puede hacer el tribunal constitucional es cerrar el caso cuanto antes o enviarlo al Tribunal de Luxemburgo, al tiempo que permite la ratificación en entredicho. Los jueces de Karlsruhe han ido demasiado lejos y se juegan su prestigio profesional. Es sabido que los grandes tribunales despliegan un especial instinto de autoconservación. Pero también hay casos sorprendentes en los que, a cambio del gusto de dar un portazo, tiran su capital político por la borda.