La guerra por la sentencia del ‘procés’ enrarece el TC y aboca a renovarlo
∑Un juez dimitió meses atras, otros dos se han abstenido por pugnas intestinas y el mandato de tres más vence en julio ∑La atmósfera interna del Tribunal se ha viciado en los dos últimos meses y PSOE y PP asumen que deben pactar
Los canales de interlocución entre el PSOE y el PP para renovar órganos esenciales como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional permanecen cerrados tras el último fracaso negociador, y tras las acusaciones mutuas de vetos cruzados con los nombramientos. Es lógico que la interlocución esté bloqueada. La tensión política generada por la sobrevenida campaña electoral de Madrid impide retomar las negociaciones por el momento, y además está aún vigente el resquemor mutuo entre los dos únicos partidos que completan las tres quintas partes necesarias del Parlamento para cualquier renovación. De momento, el único consenso se ha producido sobre el nuevo consejo de RTVE.
Sin embargo, la reciente decisión adoptada por el magistrado progresista del TC Cándido Conde-Pumpido de abstenerse, y no participar así de la resolución de los recursos pendientes presentados por los líderes independentistas catalanes, está generando una degradación institucional intestina que algunos magistrados de ese ya Tribunal tildan de preocupante e insostenible, si no irreversible.
Objetivo, apartar a Narváez
La atmósfera interna del TC se ha viciado en los últimos meses de forma cada vez más conflictiva. Todo tiene su origen semanas atrás, cuando el propio Conde-Pumpido y algunos magistrados del sector conservador empujaron a otro juez del Tribunal, Antonio Narváez, a abstenerse de los recursos alusivos al proceso separatista catalán. Unas antiguas declaraciones suyas críticas con el independentismo –argumentaban contra Narváez– le contaminaban para dictar sentencia, y si participaba de las deliberaciones se regalarían bazas jurídicas al huido Carles Puigdemont, y al resto de condenados, para que en el futuro el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminase que el TC español no había sido imparcial.
El apartamiento forzado de Antonio Narváez, un experto penalista en el TC cuyo criterio habría sido muy útil para la resolución de los recursos tras la sentencia del Tribunal Supremo, dejaba vía libre a Conde-Pumpido como único especialista en derecho penal para liderar jurídicamente cualquier eventual corrección a la sentencia del Supremo de la que fue ponente Manuel Marchena. No obstante, lo cierto es que Conde-Pumpido, uno de los impulsores de la maniobra, estaba en idéntica situación que Narváez. Como fiscal general del Estado en la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también había hecho declaraciones comprometedoras contra el separatismo. Y si Narváez fue obligado por sus propios compañeros a abstenerse, lo mismo debía ocurrir con Conde-Pumpido, quien pese a su resistencia, ha terminado resignándose y asumiéndolo contra su voluntad.
Solo quedan nueve jueces
El TC queda de este modo en una posición institucional compleja. Es víctima de las trampas tendidas entre sus propios magistrados y se ha debilitado a sí mismo. Meses atrás, la salida del Tribunal de Fernando Valdés, un magistrado progresista encausado por malos tratos, motivó que la institución pasase de tener doce consejeros a once. Ahora, con la renuncia de Narváez y de Conde-Pumpido, en una carrera de zancadillas internas que está deteriorando la imagen del máximo intérprete constitucional, el TC tendrá solo nueve magistrados disponibles para resolver los múltiples recursos de amparo vinculados al proceso catalán.
Si a eso se añade que en julio tres magistrados más deberían ser relevados por vencer su
mandato –y un cuarto, Valdés, ya no está–, la inestabilidad interna terminará abocando en breve a PSOE y a PP a adoptar una decisión definitiva ante la percepción de que este Tribunal no puede quedar cojo por más tiempo. Que esa decisión quede vinculada asimismo a la renovación del CGPJ, dependerá de esos dos partidos. Pero parece lógico que sea así ya que en la anterior negociación los relevos de ambas instituciones se negociaron en paralelo.
El 4-M será determinante
Ningún cálculo en el seno de esos dos órganos constitucionales pasa por que el PSOE y el PP retomen los contactos hasta pasadas las elecciones de Madrid del 4 de mayo. Sin embargo, tanto en el TC como en el CGPJ asumen que la controversia política no puede agravarse mucho más tiempo, y que la renovación de sus magistrados antes de verano será ya una prioridad para evitar más deterioro en el funcionamiento de la propia institución, de su prestigio y de su imagen.
De hecho, lo ocurrido con Narváez y Conde-Pumpido, más a causa de una pugna fratricida entre la izquierda y la derecha judicial que de la amenaza del separatismo con viciarlo todo aún más con múltiples recusaciones, será el factor que a priori acelere el proceso de relevos.
El escollo no es solo Prada
Incluso, fuentes conocedoras de la anterior negociación fallida entre el PSOE y el PP inciden en que el principal escollo no era la designación del magistrado José Ricardo de Prada como vocal del CGPJ a propuesta de PSOE y Podemos (esa fue la excusa oficial para romper el diálogo). El escollo era el rechazo de la izquierda judicial, y del propio Conde-Pumpido, a un abogado de prestigio propuesto por el PP, ya que también ese jurista ha sido muy combativo en público con el independentismo. Esa es otra parte de la letra pequeña de una ruptura entre PSOE y PP que ha terminado por intoxicar el clima de convivencia en el TC.
Ofensiva judicial ante la UE
De momento, todo es incertidumbre. Primero, por la desconfianza mutua entre ambos partidos. Segundo, porque acuerdos anteriores que ya estaban objetivamente cerrados fueron dinamitados a última hora de modo imprevisible. Tercero, porque los resultados electorales de Madrid pueden condicionar el desarrollo de la legislatura de Pedro Sánchez, y por tanto cualquier renovación puede volver a quedar tácticamente en el aire. Y cuarto, porque la ofensiva de 2.500 jueces reclamando amparo ante la Comisión Europea contra la reforma impulsada por el PSOE para maniatar al CGPJ, e impedirle hacer nombramientos, corre el riesgo de enrarecer aún más cualquier disposición al consenso. A día de hoy, hay coincidencia entre los magistrados del TC▶ la metástasis amenaza con convertirse en endémica si no se reactivan los contactos políticos de modo inminente.