Una norma regional vence a un derecho esencial
LA división de la Sala del TC a la hora de dirimir el recurso del PP contra la exclusión de la lista electoral de Toni Cantó y de Agustín Conde era previsible. Finalmente, los dos quedan fuera de la lista porque una norma regional, en este caso la que impone la obligación de estar empadronados en Madrid antes del 1 de enero, impera sobre el propio artículo 23 de la Constitución, que prevé el derecho de cada español a ser elegido representante público. En esta ocasión no se ha cumplido al pie de la letra el sempiterno argumento de la fractura del TC en bloques ideológicos –progresista o conservador– por criterios de obediencia debida a cada partido. Parece ejemplar... pero todo tiene su letra pequeña.
En la alambicada vida interna de este tribunal siempre surge alguna excepción o alguna discordancia ajena a la lógica partidista basada en razones jurídicas… o no. De hecho, empieza a convertirse en una costumbre fácil de intuir que el presidente del Tribunal, elegido en su día a propuesta del PP y con la fuerza de su voto de calidad en caso de empate, coincida con los magistrados elegidos por el PSOE. Y ayer los tres se opusieron a amparar a Cantó.
Suspicacias aparte, la cuestión de fondo de esta decisión va más allá de lo puramente ideológico o de los opacos equilibrios internos de poder en el TC. La clave reside en el alcance real de los derechos fundamentales de los españoles. Y en este supuesto, los requisitos formales de una norma, una exigencia legal de ámbito madrileño, superan en solidez a un derecho esencial. Por eso también empieza a ser una extraña costumbre que en los últimos tiempos, y ante la interpretación que debe hacer el TC de algunos derechos fundamentales, siempre termine siendo restrictiva. Ha ocurrido ahora con el derecho de concurrencia electoral, y ocurrió meses atrás con el derecho de manifestación ciudadana durante la pandemia. Esto ya no va de partidismo o de tecnicismos jurídico-legales. Va de una visión cada vez más atrofiada de la libertad.