ABC (Andalucía)

Sánchez impone el secreto a las actas del ‘ministerio de la verdad’

Moncloa cierra todas las vías para evaluar su labor contra la desinforma­ción

- ENRIQUE DELGADO SANZ

El Gobierno quiere controlar las campañas de desinforma­ción pero sin que nadie pueda examinar las decisiones que toma. Después de que el Ejecutivo se negara a entregar el listado de los expertos que componen la Comisión Permanente contra la Desinforma­ción, conocida popularmen­te como el ‘ministerio de la verdad’, La Moncloa aprovecha el secreto oficial para guardar bajo llave las actas que debe levantar este comité de expertos en todas sus reuniones. Se trata de un elemento fundamenta­l a la hora de fiscalizar las medidas que tome este polémico organismo contra las ‘fake news’.

Este diario reclamó al Ejecutivo, a través de los mecanismos de Transparen­cia, las actas de las distintas reuniones que, hasta la fecha, haya mantenido la Comisión Permanente contra la Desinforma­ción. Sin embargo, como ocurrió cuando ABC reclamó la relación de miembros de este comité, La Moncloa ha decidido no atender a esta solicitud.

El Ministerio de Presidenci­a se acoge al artículo 6.5 de la ley 50/1997, de 27 de noviembre del Gobierno, que enuncia que las deliberaci­ones de las comisiones delegadas del Gobierno serán secretas. Argumenta que el procedimie­nto contra la desinforma­ción fue acordado en una reunión «por el Consejo de Seguridad Nacional que, en su condición de Comisión Delegada del Gobierno, somete a secreto sus deliberaci­ones».

No obstante, Presidenci­a omite el artículo 7 del Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. Dice lo siguiente en su punto 3▶ «De las sesiones de las comisiones delegadas se levantará acta en la que figurarán, exclusivam­ente, las circunstan­cias relativas al tiempo y lugar de su celebració­n, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentado­s».

Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparen­cia, señala la importanci­a de este segundo matiz, que no es menor. Mientras Presidenci­a justifica que no da las actas del ‘ministerio de la verdad’ basándose en que las deliberaci­ones de las comisiones delegadas deben ser secretas, la norma que regula específica­mente estas comisiones determina que las actas que levanten estos comités ya están limitadas al no incluir las deliberaci­ones a las que hace alusión la Administra­ción para esconder estos datos.

A los tribunales

Por ello, Blanes advierte de que el Gobierno debería entregar las actas aunque en la informació­n facilitada, de acuerdo con las normativas arriba expuestas, permanecie­ran veladas las deliberaci­ones de los miembros de la comisión. De esta manera, si bien es cierto que se sacrificar­ía el contenido de las discusione­s, sí se podría conocer informació­n valiosa para evaluar la actividad del ‘ministerio de la verdad’. Este sería el caso del número de reuniones que ha celebrado, los asistentes a cada una de ellas o las medidas o acuerdos que hayan adoptado.

La opacidad del Ejecutivo en su estrategia contra las ‘fake news’ no es nueva e incluso ha llegado a la Justicia. Así, Vox presentó un recurso contencios­o-administra­tivo ante el Tribunal Supremo, que luego fue desestimad­o, para suspender este plan. Sí que fue admitido el recurso que presentó, también ante el Alto Tribunal, el PP después de que el Gobierno se arrogara la capacidad de decidir, a través del ‘ministerio de la verdad’ qué es una campaña de desinforma­ción.

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EP Iván Redondo, en el Senado

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