El delito grave sobre un menor no prescribirá hasta sus 50 años
Ve la luz la Ley de Protección a la Infancia, con rechazo nacionalista
El Congreso dio ayer luz verde a la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Por mayoría y con el rechazo nacionalista, la Cámara Baja aprobó un texto que impulsó el ya exvicepresidente Pablo Iglesias. El texto de la llamada ‘ley Rhodes’ propone, entre otras cosas, ampliar el plazo para iniciar la prescripción de los delitos graves contra menores cuando la víctima cumpla 35 años. Precisamente este punto surge tras la aprobación de una enmienda pactada ayer en las últimas horas entre PSOE, Unidas Podemos, PP, Cs, Bildu, Grupo Plural, BNG, Más País y el Grupo Republicano para elevar cinco años la cifra inicial propuesta, que eran los 30 años.
Hasta ahora, el plazo de prescripción en los casos de abuso y agresión sexual a menores empezaba a contar cuando la víctima cumplía 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad. Ahora, al aplazar el inicio del ‘contador’ a los 35 años, en los casos más graves la víctima podrá denunciar hasta sus 50 años.
El texto se aprobó con amplio consenso▶ 268 votos a favor frente a 57 en contra y 16 abstenciones. Votaron en contra el PNV al considerar que la norma invade competencias autonómicas y Vox. Bildu y PdeCat se abstuvieron. El proyecto pasará ahora por el Senado antes de regresar a la Cámara Baja.
El niño será escuchado
La nueva norma también eliminará el conocido como síndrome de Alineación Parental (SAP), que implica no dar crédito al testimonio del niño al creer que está actuando bajo la presión de su padre o madre. En esta línea, se deberá reconocer la denuncia de la víctima sin tener en cuenta su madurez y se obligará a utilizar la prueba preconstituida, es decir, el testimonio grabado, hasta los 14 años, para evitar la revictimización del menor.
La ley establece, además, la creación de la figura de coordinador de bienestar o protección en los centros educativos, así como del delegado de protección en centros que realizan acividades deportivas o de ocio para menores. Se incorpora el deber de todos los ciudadanos de comunicar cualquier indicio de violencia sobre niños y la obligación para los centros de menores tutelados de fijar medios para prevenir los casos de abusos.
Igualmente se abre la puerta a la creación de juzgados especializados en infancia, como ya ocurre con los especializados en violencia de género. Las carreras judicial y fiscal contarán con formación especializada en el asunto, tal y como se hizo con la introducción de la perspectiva de género. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberán contar con unidades especializadas en violencia a niños.
Tras la intervención de los representantes de los grupos parlamentarios subió a la tribuna Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, tildó la ley «de enorme calado e importancia». El gran mensaje que la nueva norma mandará a la población española, sentenció, es que «en España no hay cabida para la violencia contra los menores, sea del tipo que sea». La ministra también acusó a la Iglesia de ser «cómplice» y encubrir la violencia sexual contra los niños, lo que provocó abucheos por parte del grupo popular, al no haber hecho ninguna referencia al caso de explotación sexual de menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), para el que su partido, PSOE y Més han rechazado varias veces la creación de una comisión de investigación. Sí quiso llevarlo a la Cámara Baja la diputada del PP Alicia García, que defendió que con esta ley se podrán evitar situaciones como la ocurrida en Baleares.
El PSOE no respaldó dos propuestas de sus socios de Podemos▶ prohibir la entrada de menores a espectáculos taurinos y aumentar las garantías de los niños ante los procesos de desahucio.