De la Torre se inhibe ante los okupas de un palacete municipal
El colectivo que tomó ‘La Invisible’ recauda fondos para arreglarlo mientras el Consistorio elude su recuperación
Más de catorce años han pasado ya desde que los okupas llegaron a «La Casa Invisible», un palacete del siglo XIX en el centro de Málaga propiedad del Ayuntamiento. El inmueble costó al Consistorio cuatro millones de euros tras un proceso de expropiación y, sin embargo, ha acabado convirtiéndose en un quiste difícil de extirpar. Tampoco hay pronósticos de mejora. El equipo de gobierno escurre el bulto y no avanza ni en el desalojo ni en la cesión permanente del espacio al colectivo, que ayer mismo inició una recaudación para rehabilitar el palacete.
Pretenden conseguir hasta 90.000 euros con un ‘crowdfunding’ que en las primeras horas ya superaba los 4.000. El espacio cuenta con dos edificios separados por un patio interior y la intención es acometer con ese dinero solo la primera fase de la rehabilitación, cuya ejecución completa superaría el millón de euros.
La intención es dotar al cuerpo que da a la calle Andrés Pérez de un baño, un ascensor y accesos adecuados para personas en silla de ruedas, según informó en una rueda de prensa la arquitecta Alicia Carrió, que forma parte del área de conservación del este autodenominado colectivo cultural. Estas actuaciones ya estaban recogidas en el proyecto básico que el colectivo presentó en 2016 al Consistorio, que por otro lado mantiene guardado en un cajón un proyecto propio con el que pretendía convertir el palacete en un espacio municipal para emprendedores.
En más de una década de ocupación, la tensión entre el colectivo y el Ayuntamiento ha ido ‘in crescendo’ sin que ocupantes ni ocupado den su brazo a torcer. El último amago del alcalde, Francisco de la Torre, de proceder al desalojo tuvo lugar en 2018, después de que ‘La Invisible’ organizara un homenaje frustrado a dos expresos del Grapo escudándose en el «derecho a la libertad de expresión».
Propósito frustrado
El edificio le costó cuatro millones al Ayuntamiento, que quería destinarlo a un centro de emprendedores
Bandera ahorcada
Fue la gota que colmó el vaso, sumándose a polémicas previas como la exposición en la que aparecía una bandera de España con forma de horca o el sistemático incumplimiento de la normativa municipal. ‘La Invisible’ se integra en la Fundación de los Comunes, y por el estado del inmueble un decreto prohíbe desde 2014 celebrar actividades públicas, algo que han pasado por alto en estos años, llegando a actuar incluso como bar de copas sin licencia.
Tras el anuncio de la campaña de recaudación, este periódico ha intentado sin éxito conocer de manos del Consistorio qué futuro le aguarda al edificio. La idea de desalojar al colectivo quedó en papel mojado y de retomarse requeriría el pronunciamiento de un juez. Entre tanto, los moradores siguen detrás de una cesión permanente que ni está sobre la mesa ni se la espera, de ahí que hayan movido ficha con el proyecto de reforma. Aunque para conseguirla necesitarían el permiso municipal. El edificio, mientras sigue acumulando años de deterioro según los propios informes municipales.