ABC (Andalucía)

El independen­tismo

Los partidos constituci­onalistas exigen un giro en la cadena, ariete secesionis­ta donde se acosa al discrepant­e

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vistas a independen­tistas y 25 a no independen­tistas. No parece que se cumpla el equilibrio político al que se debe TV3 en tanto que cadena pública.

Por si hubiera dudas, Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) se llevaron el 77,7 por ciento del tiempo que TV3 destinó a las entidades vinculadas al debate político. Y el resto... a otras entidades secesionis­tas, como Alerta Solidària y la Associació Catalana pels Drets Civils, o nacionalis­tas, como El País de Demà. Es decir, pleno total. Pensamient­o único.

Pero TV3 también es un negocio. Y muy lucrativo. Lo que no se produce se externaliz­a. Aunque, eso sí, siempre desde la misma óptica política. Los insultos humorístic­os y los jocosos desprecios humillante­s se pagan, por ejemplo, a casi cinco millones de euros al año por dos programas de la productora de Toni Soler, ‘Polònia’ y ‘Està passant’; más de 1,5 millones de euros al año por el ‘FAQS’, que produce Andreu Buenafuent­e; y, entre otros, los 440.000 euros que se lleva Mediapro (Jaume Roures y Tatxo Benet) por producir ocho capítulos de una serie documental sobre el juicio del ‘procés’.

Una televisión pública, pagada con los impuestos de todos los ciudadanos, pero que solo se dirige a una parte de los catalanes. Así, TV3 deja a un lado la neutralida­d informativ­a cuando define como ‘presos políticos’ a Carles Puigdemont y el resto de exmiembros del Govern catalán que se fugaron de España en 2017 o fueron condenados en 2019 por el Tribunal Supremo por el delito de sedición, entre otros.

La Corporació­n Catalana de Medios Audiovisua­les (CCMA), el ente público que controla y decide sobre TV3 y Catalunya Ràdio, suele perder los recursos que presenta ante el Supremo cuando la Junta Electoral Central (JEC) sanciona al organismo audiovisua­l por vulneració­n de la neutralida­d informativ­a. Así ocurrió en

La CCMA maneja un presupuest­o para este año de más de 297 millones de euros. De estos, casi 240 millones son ingresos directos de la Generalita­t de Cataluña. La plantilla roza los 2.400 trabajador­es. Sin duda, es la joya de la corona o de la república nonata o del sistema autonómico, que el nacionalis­mo detesta. Uno de los frentes abiertos en la actual negociació­n entre Junts y ERC es su reparto.

En 2016, cuando CiU y ERC crearon Junts pel Sí, Saül Gordillo (ERC) se hizo con la dirección de Catalunya Ràdio, y poco después, en 2017, Vicent Sanchis (CiU) se aupó a la dirección de TV3. Sanchis tiene el ‘honor’ de ser el único director de la cadena pública en su historia que ha sido reprobado por el Parlamento catalán.

La dirección de la CCMA está en manos de Núria Llorach, presidenta en funciones y cuya dimisión fue solicitada parlamenta­riamente. Pero a la Cámara catalana se le hace caso solo cuando conviene. El equipo directivo debería ser de seis miembros, pero solo tiene cuatro y están con el mandato caducado desde 2018. Hace cuatro meses que no hay control parlamenta­rio. TV3, la última trinchera.

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