El CGPJ se fractura ante un posible recurso al TC contra su reforma
El hastío y el deseo de evitar el «cuerpo a cuerpo» abocan la iniciativa al fracaso
Pese a haber respondido con contundencia al Ejecutivo y al Legislativo durante la tramitación de la reforma que recorta sus atribuciones, la entrada en vigor de esa ley, el pasado 29 de marzo, ha situado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un escenario nuevo. A veinticuatro horas del inicio del Pleno que va a estudiar la posible reacción de este órgano ante lo que hace apenas unas semanas se calificaba de ataque a la independencia judicial, no hay unanimidad sobre si se quiere mover ficha. Ni siquiera está claro que haya la mayoría necesaria (11 de los 21 vocales) para interponer un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional (TC), la única herramienta de la que dispone el órgano de gobierno de los jueces para cuestionar su reforma dentro de España.
El hastío después de siete años y medio de mandato –que debería haber finalizado en diciembre de 2018–, las expectativas que tiene cada vocal (de uno y otro signo) una vez renovado el órgano y el deseo de la izquierda judicial de no entrar en el «cuerpo a cuerpo» con el partido que les ha propuesto –inevitable si se le deja en evidencia ante el TC– han condicionado una división que va más allá de «bloques ideológicos».
Salvo contadas excepciones, que encarnan los vocales que nunca han visto injerencias del Legislativo –entre ellos, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta–, juristas y togados se muestran molestos con el recorte de funciones impuesto por los partidos que sustentan el Ejecutivo, entre ellos los nombramientos. Cuestión distinta es la forma en la que, a su juicio, tiene que expresarse ese malestar. Y es que, como ya informó ABC, una buena parte de esos vocales siempre ha preferido que sean otros –partidos políticos o asociaciones judiciales– los que pongan en evidencia la paralización de la actividad del Consejo que supone esta reforma. Hasta 2.500 jueces lo hicieron la semana pasada en una carta a la Comisión Europea.
El informe jurídico que el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, encargó al gabinete técnico sobre el alcance de la nueva ley ha puesto al órgano en una situación más comprometida si cabe, pues da luz verde a que se interponga ese conflicto de atribuciones al TC al entender que hay limitaciones que afectan al núcleo competencial que la Constitución reserva al Consejo. Cinco vocales conservadores llevarán esta propuesta al Pleno que se celebra hoy. Y pedirán también que se informe a la Red Europea de Consejos de Justicia de lo que esta reforma implica.
Vocales del sector conservador, cuyo apoyo sería necesario para sacar adelante la iniciativa, creen que tendría pocos efectos prácticos y que la única apuesta segura, y con menor coste para la institución, es dejar en manos de los partidos el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma, algo que tienen intención de hacer PP, Vox y Ciudadanos.
En el fondo hay cierta sensación de que la renovación está cerca y de que no merece la pena asumir el coste personal (y también para la institución) que supondría agotar el último cartucho. De ahí que los partidarios de ir al TC se muestren pesimistas ante la reacción del Consejo en el Pleno de hoy.
según Oltra, dos años antes. El tribunal considera ahora probado que Luis Ramírez acudía a la habitación de la niña de 15 años por las noches y, cuando creía que estaba dormida, cogía su mano y se masturbaba con ella. Unos hechos que «no hay nadie a quien provoquen más repugnancia que a mí», aseguró la vicepresidenta.
De hecho, reveló que tuvo conocimiento de lo ocurrido seis meses después de que la menor denunciara, cuando llegó una notificación judicial a su casa en agosto de 2017, sin que nadie de su departamento hubiera sido informado antes. El motivo▶ un protocolo, ya modificado, que dejaba en manos de las residencias la potestad de informar o no a la Fiscalía de las denuncias, según la credibilidad que le daban. Por ello, rechaza que hubiera una «instrucción paralela» a la judicial –el caso se trasladó al Ministerio Público en junio de ese año–, como afirma el fallo, sino una investigación para esclarecer lo que había ocurrido y por qué no se había dado parte a la Consejería en medio año.
No obstante, Oltra sembró ayer la duda sobre la Policía Nacional, en una incógnita que la sentencia no resuelve▶ por qué no se inició antes una investigación si es cierto que una persona ajena al centro de menores puso en conocimiento de ese Cuerpo de seguridad los abusos.
Un debate de alto voltaje
En este sentido, para reivindicar la Monarquía, el propio Ramírez, ayer, acompañó a representantes de Nuevas Generaciones del PP catalán en un acto en defensa de los símbolos del Estado y para denunciar la «obsesión de Colau» por eliminarlos.
Junto a Irene Pardo, presidenta de las juventudes populares en Cataluña, Ramírez restableció simbólicamente el escudo monárquico de la actual plaza Cinco de Oros –antes plaza Juan Carlos I–, y reiteró «la defensa por la libertad y la democracia frente al revisionismo anacrónico de Colau, que está obsesionada con la República y con el franquismo». «La historia se respeta, no se reinventa como está haciendo el Gobierno municipal», añadió el portavoz del PP en Barcelona.
Obsesiones de la alcaldesa
La retirada del escudo de armas de Juan Carlos I, el cambio del nombre de la plaza y la celebración de la II República se suman a una larga lista de obsesiones de Colau contra la historia.
Nada más llegar a la alcaldía retiró el busto del Rey de la sala de plenos municipales y no pierde ocasión para promover y aprobar cambios de nombres en el callejero, borrando de Barcelona la marca de la Monarquía (como la calle Reyes Católicos, por ejemplo). A esto se añaden los desplantes, como el que le hizo a Felipe VI con motivo del Mobile World Congress de 2019.